El Ministerio Público ha remitido un escrito al instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, en el que le insta a pronunciarse sobre la práctica de las pruebas solicitadas por Garzón antes de resolver el recurso interpuesto por el juez contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al auto de procesamiento, dictado el pasado 20 octubre.

Garzón solicitó la semana pasada que se deje sin efecto el auto de transformación de sumario –que considera “una verdadera y acabada declaración de culpabilidad”- y que se practique una serie de pruebas de descargo que considera imprescindibles.

Entre estas pruebas destaca la toma de declaración del instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Antonio Pedreira, así como el interrogatorio de los jefes policiales que llevaron a cabo la investigación sobre la trama de corrupción presuntamente liderada por el empresario Francisco Correa.

Garzón también pidió al magistrado Jorge Barreiro que tome declaración el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción del "caso Gürtel".

El escrito, firmado por la fiscal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Pilar Fernández-Valcarce, alerta al Tribunal Supremo de que no pronunciarse sobre la práctica de las pruebas solicitadas por Garzón “podría derivar en una nueva situación de indefensión material” del juez imputado.

La representante del Ministerio Público señala que el hecho de que algunas de las actuaciones estén declaradas secretas no es óbice para la práctica de las pruebas solicitadas por Garzón.

DELITO DE PREVARICACIÓN

En el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado el pasado 20 de octubre, el magistrado Alberto Jorge Barreiro señalaba que ha encontrado indicios suficientes para poder llevar a juicio a Garzón, al que atribuye indiciariamente delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

Barreiro aseguraba en el auto dictado hoy que Garzón dictó dos resoluciones -para la intervención de las comunicaciones- "que han de calificarse de ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal".

El magistrado del Supremo se refiere a los autos de 19 de febrero y de 20 de marzo de 2009 con los que Garzón ordenó a la policía la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantuvieron en prisión los tres principales imputados del "caso Gürtel", Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, incluyendo las efectuadas con sus abogados.

Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del "caso Gürtel", Garzón está encausado también en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.