Según informó este jueves la institución, Fernández Marugán ha pedido, de forma adicional, conocer si existía una valoración del riesgo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en ese caso, a quién se había comunicado la estimación del nivel de riesgo.

Para el Defensor, resulta “imprescindible y de vital importancia” visibilizar la situación de estos menores que también son víctimas de la violencia machista y, en este sentido, reiteró que un maltratador “nunca puede ser un buen padre”.

REMOVER LA CONCIENCIA

Con el fin de acabar con la lacra de la violencia machista, abogó por “remover” la conciencia de la sociedad en su conjunto y “sensibilizar” a las administraciones implicadas para que trabajen siempre teniendo presentes los enfoques de género e infancia.

El defensor estima necesario otorgar protección “rápida y eficaz” a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores. Una protección que, a su juicio, “ha de ser integral”, ya que el objetivo es “ser capaces de detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer, sin olvidar que es madre”.

En 2014 el Defensor del Pueblo recomendó favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos y pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Además, comparte el criterio de Naciones Unidas, que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas.

El defensor del Pueblo subrayó que desde 2013, un total de 27 niños y niñas han sido asesinados “por aquellos que debían protegerlos, sus padres”, y lamentó que, hasta esa fecha, ni siquiera se contabilizaban sus muertes como víctimas de violencia de género.

De otro lado, también ha abierto una actuación de oficio ante la Fiscalía General del Estado por el asesinato de una mujer en Bilbao y ha solicitado información para saber si en este caso existió denuncia previa por violencia de género y si se había concedido una orden de alejamiento respecto de la víctima y de sus hijas. Asimismo, ha pedido conocer si se había producido una valoración del riesgo por parte de los funcionarios policiales.