En un comunicado emitido coincidiendo con el primer aniversario desde su aprobación, el 28 de septiembre de 2017, la organización recordó que las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual, “no pueden seguir esperando”.

“Es necesario que se pongan en marcha medidas urgentes y coordinadas entre todas las administraciones que aborden este problema", indicó la ONG. Amnistía Internacional valoró la aprobación de varias normativas, como el Real Decreto-Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto, así como el cambio en el Código Civil en relación a la atención psicológica de los hijos e hijas menores de edad, que no precisará de autorización por parte del agresor, entre otras.

No obstante, denunció que la Comisión de seguimiento del Pacto solo se haya reunido una vez tras su constitución. "Si la lucha contra la violencia de género va a ser realmente una prioridad es imprescindible que la Comisión de seguimiento se reúna con más asiduidad para conseguir que estas medidas no solo se pongan en práctica, sino que se implementen de la forma más adecuada para conseguir avanzar hacia la igualdad de género y la protección de las mujeres y las niñas”, espetó.

Asimismo, Amnistía Internacional criticó que el pacto no incluya medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización en áreas “clave” como el deporte, la sanidad o el ámbito laboral y que, de las 69 medidas dedicadas a la asistencia de víctimas de violencia de género, solo una se enfoque a la violencia sexual “y ninguna a la asistencia y protección de menores víctimas de ese tipo de violencia ”.

UNA OPORTUNIDAD

Para la organización, este pacto de Estado se presentaba como “una oportunidad” de poner en marcha las recomendaciones de organismos internacionales y aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, según declaró Verónica Barroso, portavoz sobre Política Interior de Amnistía Internacional España.

Lamentó la ausencia de reparación a las víctimas y de una política pública para combatir la violencia sexual pero valoró de forma positiva que el pacto ahondase, entre otros aspectos, en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización, que el reconocimiento de la víctima “no quedase supeditado a la interposición de la denuncia” o que huérfanos de violencia de género tuvieran garantizada una prestación.

Amnistía Internacional recordó que, a 26 de septiembre, habían sido asesinadas en España 37 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y que desde 2013 han muerto un total de 27 menores a manos de sus progenitores, las dos últimas, dos niñas en Castellón.