En un comunicado, emitido con motivo del Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, la Alianza lamentó el avance de grupos de presión que promueven leyes “que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos” en países de Centroamérica.

Y ello pese a las miles de víctimas mortales causadas por legislaciones que, a su juicio, “ya son restrictivas y que, con estas reformas, se pretenden endurecer más”. Afirmió que se trata de la región con la tasa más alta de interrupciones de embarazo, con 32 mujeres de cada 1.000 entre 15 y 44 años que han tenido algún aborto a lo largo de su vida,

GUATEMALA

La entidad hizo hincapié en el caso de Guatemala, que calificó de “muy preocupante”, en referencia a la propuesta de implantar una ley que podría implicar penas de entre dos y cuatro años de prisión para las mujeres que sufran abortos espontáneos.

Asimismo, la Alianza recordó que el hecho de que sea una práctica ilegal no reduce los índices de mortalidad materna, “sino que genera clandestinidad y criminalización de las mujeres en situaciones más vulnerables.

Para la organización, endurecer aún más las leyes no sólo supone “aumentar la criminalización” de las mujeres, sino que, a su vez, también dificulta la puesta en marcha de políticas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos .

En el caso de Guatemala, también criticó la, a su entender, “inadmisible utilización de la vida de las mujeres y su libertad para decidir sobre su cuerpo con fines políticos” por parte del presidente de este país, Jimmy Morales.

Después de analizar la situación en El Salvador, Honduras y Nicaragua, la

Alianza por la Solidaridad hizo referencia a su trabajo en América Latina en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diferentes proyectos en Bolivia.

Junto a ello, apoya iniciativas en toda la región en torno a la mejora del ejercicio de estos derechos fundamentales, incidiendo en la importancia de reforzar el carácter laico de los Estados, la despenalización social del aborto y el establecimiento de protocolos claros de actuación que deje de criminalizar a las mujeres.