La sentencia condenó al Estado español pero fue recurrida por el Gobierno del PP y hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez defendió el empleo de las 'devoluciones en caliente'. En octubre de 2017 el fallo de dicho tribunal concluía que la devolución de los inmigrantes N.D. de Mali y N.T. de Costa de Marfil fue una "expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, señalaba que España no protegió el derecho de los demandantes a un recurso efectivo, y condenaba al Estado español a abonar a cada una de las personas demandantes 5.000 euros deindemnización.

En su discurso, el representante del Gobierno ante el TEDH, Rafael León, distinguió entre la "inmigración económica" del caso examinado y la de los refugiados sirios y otros países en guerra, y concluyó que "el principio de no devolución no se aplica en este caso.

Afirmó que las personas migrantes pueden pedir asilo en la oficina fronteriza de Beni Enzar (Melilla), y subrayó la violencia que a veces se emplea en los “asaltos a las fronteras de Ceuta y Melilla”. Resaltó que este verano, varios agentes de la policía y de la Guardia Civil fueron heridos concuchillos y mazas por inmigrantes que intentaban entrar.

"Ustedes están en su casa con su familia y ofrecen protección. Vienen personas golpeando las ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento?, ¿quién es razonable y quién no?", preguntó a los jueces.

Por su parte, el ciudadano de Mali declaró que "España violó mis derechos” y que espera que el Tribunal “ponga fin a las 'devoluciones en caliente'. “No puedo aceptar que unos seres humanos sean capaces de tratar a otras personas de tal forma. Quiero que se haga justicia para los que somos pobres y vulnerables, para los que no tenemos voz".

Los abogados de los demandantes, el alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, criticaron que "España intenta justificar un “comportamiento ilegal por la presión migratoria".

Apuntaron que , según cifras del anterior comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de las demandas de asilo solicitadas en la UE en aquella época, solo un 2% correspondían a España. La Gran Sala emitirá su fallo definitivo los primeros meses de 2019.