Con 322 votos a favor, la iniciativa pide así reformar el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de asimilar la valoración de las situaciones de Dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad.

En su intervención, la senadora Miren Gorrochategui quiso dejar claro que “discapacidad y dependencia no son términos sinónimos ni pueden llegar a serlo”, ya que una persona con discapacidad no tiene por que estar en situación de dependencia si ha logrado un grado de autonomía personal suficiente y está en condiciones para llevar una vida independiente.

En general, “las leyes de Dependencia están dirigidas a garantizar los apoyos y prestaciones sociales”, prosiguió, mientras que la legislación sobre discapacidad suele estar encaminada “a promover la autonomía personal” del colectivo.

Los procedimientos que se siguen para obtener ambos reconocimientos “son diferentes y muy distintos”, indicó Gorrochategui. A su juicio, “el problema es que una persona dependiente que quiera ver reconocido también un grado de discapacidad tiene que emprender un procedimiento distinto, con el engorro y el coste económico, psicológico y físico que ello supone”.

De hecho, Gorrochategui se mostró favorable a la posibilidad de unificar los procesos de valoración y reconocer una u otra condición (o ambas).”Sin embargo, “la propuesta que hoy traemos aquí es mucho más humilde”, puntualizó. “Consiste en dar vía a una reclamación de los movimientos sociales de la discapacidad, para reconocer de manera automática a las personas calificadas como dependientes el grado del 33% de minusvalía, que es el que permite gozar de las medidas compensatorias reconocidas en el ordenamiento jurídico”.

Todos los grupos de la oposición votaron a favor de la propuesta, aunque varios de ellos anunciaron la presentación de enmiendas durante el trámite parlamentario. El portavoz de Ciudadanos, Tomás Marcos, insistió en la distinción entre discapacidad y dependencia, y pidió unificar criterios a nivel nacional para ambas valoraciones.

Según Nerea Aedo, la portavoz del PNV, esta iniciativa busca “mejorar la vida de los ciudadanos al ahorrarles papeleo y el engorro de emprender” dos procesos simultáneos. El portavoz del PSOE en el debate, Nemesio de Lara, anunció que su grupo presentará varias enmiendas, a fin de establecer “los mismos baremos” y promover un método de valoración único “en el que los profesionales sean capaces de determinar las situaciones de discapacidad o de dependencia en el mismo proceso.

Finalmente, la senadora popular María Isabel Sánchez Torregrosa se refirió a la utilidad de la propuesta y agradeció el trabajo del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en este sentido. Criticó el uso del término minusvalía por parte de la representante morada, porque “los políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo con el lenguaje”, a lo que Gorrachategui contestó que ella había usado el término discapacidad en su discurso, pero que al citar textos legales empleó minusvalía por ser esta la palabra que aparece.