La propuesta que hoy se presentó ante el Pleno de la Cámara Alta para su toma en consideración pide reformar el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Ferechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de asimilar la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad.

En su intervención, la senadora Miren Gorrochategui quiso dejar claro que “discapacidad y dependencia no son términos sinónimos ni pueden llegar a serlo”, ya que una persona con discapacidad no tiene por que estar en situación de dependencia si ha logrado un grado de autonomía personal suficiente y está en condiciones para llevar una vida independiente.

En general, “las leyes de dependencia están dirigidas a garantizar los apoyos y prestaciones sociales”, prosiguió, mientras que la legislación sobre discapacidad suele estar encaminada “a promover la autonomía personal” del colectivo. Los procedimientos que se siguen para obtener ambos reconocimientos “son diferentes y muy distintos”, indicó Gorrochategui.

A su juicio, “el problema es que una persona dependiente que quiera ver reconocido también un grado de discapacidad tiene que emprender un procedimiento distinto, con el engorro y el coste económico, psicológico y físico que ello supone”.

Por ello, explicó que la propuesta de su grupo "consiste en dar vía a una reclamación de los movimientos sociales de la discapacidad, para reconocer de manera automática a las personas calificadas como dependientes el grado del 33% de discapacidad, que es el que permite gozar de las medidas compensatorias reconocidas en el ordenamiento jurídico”.