Así lo señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a la pregunta de la diputada Yolanda Díaz, de Unidos Podemos, sobre la eliminación de las prácticas no laborales.

En relación con el marco nacional en materia de prácticas no laborales y de contratación del personal investigador, el Ejecutivo apunta que, por una parte, la legislación regula las prácticas no laborales en empresas que formalicen convenios con los servicios públicos de empleo y se dirigen a jóvenes que, debido a su falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad.

A estas prácticas tienen acceso los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años que estén inscritos como desempleados, que posean una titulación oficial universitaria, de formación profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad. Además, no deberán haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a tres meses en la misma actividad.

Por otra parte, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, regula la contratación del personal investigador por, entre otros, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y los organismos de investigación de otras administraciones públicas, las universidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y trasferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las entidades empresariales.

Esta ley prevé modalidades contractuales específicas de contratación para el personal investigador que, al margen de sus peculiaridades, constituyen “auténticas relaciones laborales”, según el Gobierno.

Destaca que, “sin perjuicio de lo anterior, hay que señalar que podría ser necesario valorar el contenido de las prácticas no labores para determinar si la regulación vigente satisface plenamente su objetivo y, en todo caso, incrementar el esfuerzo de vigilancia” del cumplimento de la normativa vigente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.