En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, se recogen varias sentencias del Alto Tribunal, emitidas a raíz de recursos sobre decisiones de la Mesa del Congreso, así como de este mismo órgano en relación a parlamentos autonómicos.

En él se asegura que la Mesa está “actuando en contra de una rotunda, clara y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional”, porque “abandona su función constitucional de órgano de gobierno que realiza un control formal de los escritos parlamentarios para adoptar una decisión que no le corresponde”.

Fuentes gubernamentales explicaron que este análisis de la actuación de la Mesa del Congreso, con mayoría del Partido Popular y Ciudadanos, y su función constitucional se realizó con motivo del rechazo -el pasado 4 de septiembre- de la tramitación por lectura única y de urgencia de la proposición de ley de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria presentada por varios grupos.

Sin embargo, estas fuentes consideran que el rechazo hoy por parte de la Mesa del Congreso de la enmienda que presentó el PSOE y que fue admitida por la Mesa de la Comisión de Justicia supone otro “ejemplo más actual de la extralimitación” que, a juicio del Ejecutivo, está haciendo la Mesa de la Cámara Baja contra el actual Gobierno.

En el informe que tiene el Gobierno se recogen sentencias del TC “sólo” de los últimos cinco años en las que se expresan “con nitidez la prohibición constitucional de que la Mesa de Cámara actúe como órgano político de decisión para impedir el debate de los asuntos parlamentarios en la Junta de Portavoces y el Pleno”.

Se analizan sentencias y fallos del TC ante recursos de los grupos parlamentarios sobre decisiones de la Mesa del Congreso, del Senado y de algunos parlamentos autonómicos, presentados incluso por los socialistas.

En este informe jurídico se asegura que la “doctrina constante” del TC dice que “la competencia de la Mesa ha de limitarse a verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas examinando si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma”. Y que “únicamente” puede existir un control “material” cuando la “limitación venga establecida en la propia Constitución, las leyes que integran el bloque de la constitucionalidad o el reglamento parlamentario”.

Basándose en esta jurisprudencia y en esta lectura de sentencias del TC desde el Gobierno y el PSOE considera que la Mesa del Congreso bajo la Presidencia de la popular Ana Pastor está haciendo un “uso político” de este órgano y vetando la acción del Ejecutivo.