Según explicó, entre el 60 y el 70% de la población reclusa con alguna discapacidad intelectual o una enfermendad mental no fue detectada como tal durante el proceso judicial previo a su entrada en prisión. De ahí se deduce que en ningún caso "recibieron los apoyos necesarios", lo que implica "una clara indefensión durante el proceso, destacó.

Por ello, pidió una reforma del modelo "para adaptarlo a las particularidades de las personas con discapacidad" y exigió un cambio del sistema judicial para que estas "no tengan que cumplir su condena en los módulos ordinarios".

Se estima que el 6,5% de la población reclusa tiene alguna discapacidad intelectual o algún problema de salud mental, cifra que se eleva al 15% de todas aquellas que son conducidas ante un abogado de oficio tras su detención.

REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

Por otra parte, Pérez aplaudió la aprobación del anteproyecto de reforma del Código Civil y de otras leyes nacionales para acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual.

En general, explicó, la modificación va en la línea de reemplazar un modelo basado en la sustitución de la voluntad (de estas personas) por otro centrado en el respeto a su voluntad y preferencias, garantizando los apoyos debidos".

"Esperamos que el documento final garantice la formación previa y la participación" de estas personas en la toma de decisiones, "con una intervención adecuada y ajustada a sus necesidades y al principio de proporcionalidad".

Finalmente, Pérez reclamó medidas efectivas para impulsar el empleo de las personas con discapacidad intelectual, cuyas tasas de actividad y de paro son del 13% (frente al 78% de la población general) y del 48%, respectivamente.

Para ello, exigió un modelo de empleo con apoyo; compatiblizar el cobro de pensiones con la percepción de rentas del trabajo, "a fin de procurar unos ingresos dignos" a estas personas, y facilitar la vuelta al sistema de protección social a quienes lo precisen aunque hayan trabajado.

Pérez criticó, además, la falta de accesibilidad cognitiva en las administraciones públicas y el mantenimiento de los centros de educación especial, y defendió un plan concreto para las 63.000 personas con grandes necesidades asociadas a su discapacidad.