En su comparecencia ante la Comisión de Políticas integrales para la Discapacidad, Pérez lamentó "los continuos" retrasos y prórrogas en la tramitación de esta iniciativa tras su toma en consideración, que todos los grupos apoyaron. "Estamos muy preocupados con este retraso", dijo.

Con casi 800.000 firmas recogidas, la ILP criticaba que "estos copagos llegan a tener carácter confiscatorio", puesto que en algunos territorios suponen hasta el 90% de la prestación, e implican una penalización hacia aquellas personas con discapacidad que generan ingresos propios.

Según Pérez, "aunque se trate de una cantidad relativamente pequeña, este 'dinero de bolsillo' es con lo que muchas personas cuentan para vivir incluidas en la sociedad", con lo que el copago "impide su normal participación".

Subrayó que de media, las familias que tienen algún miembro con discapacidad afrotnan un sobrecoste de 24.200 euros al año, cifra que se eleva a más de 47.000 euros anuales en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Por ello, reclamó a los grupos respaldar "la primera iniciativa popular de carácter social de España", y atender a las casi 800.000 personas que la han respaldado.