En el encuentro se constató que uno de los “mayores problemas de la juventud sorda es la falta de accesibilidad del sistema educativo”.

Manifestaron que en los institutos, los estudiantes se encuentran con que “ni siquiera la mitad de las clases cuentan con apoyo en lengua de signos, lo que atenta gravemente contra la igualdad de oportunidades de las personas sordas”.

A esto se suma, añadieron, la ausencia de ayudas para actividades extraescolares y espacios de recreo o socialización del alumnado.

“La situación se agrava en la etapa universitaria, debido al proceso de mercantilización del Plan Bolonia, que prioriza los trabajos prácticos y horas no lectivas, dificultando la plena participación e integración de las y los estudiantes sordos en las prácticas grupales”, explicó a Servimedia Víctor Reloba, co-coordinador de Jóvenes IU.

También se habló en la reunión de otras “discriminaciones, como la obligatoriedad de los exámenes de comprensión auditiva en las Escuelas Oficiales de Idiomas, situando a este alumnado en desventaja a la hora de acceder a un empleo cuando estos idiomas son requisito de acceso a un puesto u otorgan puntos en las oposiciones”.

Reloba manifestó que “la diferencia entre un derecho y un privilegio es que los derechos pueden ser disfrutados por todos por igual”. Asimismo, se preguntó “en qué lugar deja eso a la educación, si mantenemos barreras a la juventud sorda”.

Reloba también se refirió a la necesidad de “reflexionar, por parte de las organizaciones políticas, para garantizar que las personas sordas pueden participar políticamente a todos los niveles. Aún queda mucho por hacer para tener una democracia plena y sin barreras a la participación”.

Tras recordar que dentro de menos de una semana, el 28 de septiembre, se celebrará el Día Internacional de la Sordera, ambas entidades manifestaron que esta efeméride debe servir para “visibilizar las demandas y la situación del colectivo sordo, que sufre de varias discriminaciones como personas con discapacidad y además pertenecientes a una minoría lingüística, al comunicarse en lengua de signos, lengua oficial reconocida por el Estado”.