Los populares subrayan la necesidad de presentar su propuesta en el hecho de que el pasado 4 de septiembre el Ministerio de Defensa comunicó a la prensa que se habían iniciado los trámites para la paralización de la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser, devolviéndose a este país los 9,2 millones de euros abonados.

Esta comunicación, según el PP, fue “precipitada” y “temeraria” y posteriormente tuvo que ser negada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ya que el de Defensa “no tenía competencia” para paralizar esa venta y “menos aun” para disponer de los 9,2 millones de euros antes referidos.

Los populares sostienen que se llegaron a poner en peligro “contratos muy importantes” para la economía española que de haberse cancelado “condenarían a miles de personas al paro”. “Todo ello sin descartar un efecto dominó sobre las inversiones futuras que pudieran plantearse realizar los países de la región ante lo que no es sino un ejemplo de inseguridad jurídica, de parcialidad y de arbitrariedad”, dice el PP.

Recuerdan que el número de empresas registradas en Arabia Saudí alcanza casi el centenar, entre las que se incluyen las principales constructoras, de abastecimiento de agua, textiles, electrónica y comunicaciones, aeronáuticas, transporte ferroviario, bienes, servicios.

En cuanto al volumen actual de los contratos, éste asciende a una cifra superior a los 12.500 millones de euros, con un volumen anual de ventas que supera los 2.600 millones de euros. A todo ello hay que sumar los intereses en los distintos Emiratos y en los demás países de la coalición árabe.

El PP arguye que en España la industria de tecnologías de Defensa mantiene un “elevado nivel” de empleos, calculado en 200.000 en total (directos e indirectos), todos ellos “de alta cualificación”.

Los populares calcula que esa industria que factura más del 60 % y un 55 % más productivo que la media española, con un alto grado de reinversión en I+D+I entre el 7 y el 8 %.

A pesar de esos argumentos crematísticos, el PP deja claro que “está y estará siempre a favor que el material de Defensa no pueda ser utilizado contra los criterios de la mencionada Carta de las Naciones Unidas”.

Por todo ello, insta al Gobierno a apoyar nacional e internacionalmente a las industrias de tecnologías de la defensa y a defender los puestos de trabajo generados por ellas; a aplicar los acuerdos internacionales en materia de control de exportación de defensa, doble uso y otro material con un “control riguroso”; a mantener el consenso europeo respecto a los criterios de control de exportación; a respetar el criterio estrictamente profesional de los miembros de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu), confiando en el trabajo “extraordinariamente riguroso del equipo humano que la forma”; a respetar la seguridad jurídica de los contratos “no aplicando ningún tipo de filtro ideológico” a este tipo de operaciones, sino la Ley y la normativa, con “decisiones equilibradas, basadas en criterios objetivos y armonizados y alejados de la demagogia y sensacionalismo”; y a “evitar falsos rumores y cambios de decisiones comunicados a los medios, que desestabilicen las relaciones comerciales en materia de defensa”.