Ambas asociaciones han mostrado en un comunicado "su alarma por la inseguridad jurídica y los perjuicios que generan los cambios que se proponen al actual modelo y en los que se fortalece la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios".

En opinión de ambas entidades, "lo que, en principio, no era más que perfeccionar técnicamente la transposición de una directiva europea ya realizada el pasado abril, se convierte con estas enmiendas en una vuelta a los tiempos de los abusos de posición de dominio y en una nueva extensión a favor de las entidades de gestión (sobre todo para las de repertorio musical multinacional discográfico y editorial); rompe los equilibrios, olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización legislativa de la legislación española con la UE".

Las enmiendas presentadas, sostienen AERC y Uteca, "alteran los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión y modifican la actual composición del organismo regulador independiente encargado de fijarlas en caso de conflictos, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (Spcpi). De esta forma, esta Comisión pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión, comportamiento sancionado por las autoridades de competencia y el Tribunal Supremo".

Ambas asociaciones coinciden en que, sin haber dado el mínimo tiempo necesario para que el nuevo sistema se desarrolle y estabilice, en esta tramitación se incorporan "cambios muy relevantes que debilitan el modelo y a su organismo regulador".