Carcedo hizo estas declaraciones con motivo de la celebración mañana, viernes, del Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad que representa uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las sociedades actuales, “y aún más si cabe la sociedad española, dada la elevada tasa de envejecimiento de su población y la alta prevalencia de la enfermedad en los colectivos de mayor edad”, recalcó la ministra.

En España, la prevalencia de esta enfermedad es del 0,05% entre las personas de 40 a 65 años; 1,07% entre los 65-69 años; 3,4% en los 70-74 años; 6,9% en los 75-79 años; 12,1% en los 80-84; 20,1% entre los 85-89; y 39,2% entre los mayores de 90 años, según distintos estudios.

De acuerdo con estos datos, el número de pacientes en España supera las 700.000 personas. En 2050 se estima que el número de enfermos se habrá duplicado y se acercará a los dos millones.

FUTURO PLAN NACIONAL

El futuro Plan Nacional de Alzhéimer, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuenta en su elaboración con la participación del Grupo Estatal de Demencias y con la colaboración de las organizaciones e instituciones más importantes en el ámbito de la investigación sobre esta patología.

El Centro de Referencia Estatal de Alzhéimer y otras demencias de Salamanca, dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ha sido el artífice de su coordinación, preparación, diseño y elaboración.

A través de este plan se pretende mejorar el conocimiento relativo a la dimensión y las necesidades de los pacientes, así como de sus cuidadores familiares. “Todo ello ayudará a hacer frente al impacto económico y social del alzhéimer en España”, aseguró Carcedo.

OBJETIVOS DEL PLAN

Los principales objetivos de este plan son: reducir el impacto de la enfermedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores familiares y el ejercicio de todos sus derechos; favorecer el mantenimiento del enfermo en su entorno natural el mayor tiempo posible, promoviendo su máxima autonomía y participación, e involucrar a la sociedad en la respuesta hacia los retos que plantea la enfermedad, eliminando situaciones de rechazo, exclusión y estigmatización.

También contempla poner en marcha respuestas sociosanitarias y en otros ámbitos (seguridad social, ámbito laboral, vivienda, etc.) adecuadas, innovadoras y sostenibles para responder a las necesidades de los pacientes; frenar el impacto económico y social de la enfermedad; y mejorar el conocimiento de la dimensión y las necesidades de los pacientes y cuidadores familiares, la investigación biomédica y sociosanitaria, y la innovación en soluciones y respuestas.