El Gobierno tiene la intención de presentar el proyecto de PGE con una nueva senda, pero no la puede aprobar hasta que no reforme la ley y cambie la situación actual de veto que tiene el Senado.

Para lograr ese objetivo el Gobierno, a través del PSOE, ha empleado dos caminos. La reforma de la ley de estabilidad, que inició ayer su trámite parlamentario, y mediante la tramitación de la norma de violencia de género. El primero le llevería a un tiempo incierto porque la mayoría de PP y Ciudadanos puede jugar a dilatar el proceso.

Por eso han activado la segunda jugada para acelerar el trámite. Pero para llegar a ese momento, según varias fuentes parlamentarias socialistas, hay que pasar primero por distintos plazos que podrían retrasar la presentación de los PGE al próximo periodo de sesiones.

Primero, la Comisión de Justicia -presidida por la socialista Isabel Rodríguez y en la que el PSOE tiene mayoría porque cuenta además con el secretario primero (PSOE) y con el segundo (ERC)- tiene que debatir las enmiendas y aprobar el dictamen de la ley sobre la formación de los jueces en materia de violencia de género.

En ese momento, la norma será elevada al Pleno del Congreso para su aprobación y remisión al Senado, cuestión que calculan que no será hasta la segunda semana de octubre -8 al 12- porque la primera de mes no hay sesiones plenarias.

Partiendo de que ahí recabe el apoyo del Congreso, la norma será entonces remitida al Senado. Allí, el Gobierno quiere solicitar trámite de urgencia, por lo que en unos 20 días debería verse en el pleno. Si no sale aprobada porque el PP tiene mayoría absoluta, la norma regresaría al Congreso para su aprobación definitiva. Todo este proceso llevaría a que la reforma de Estabilidad Presupuestaria, por esta vía, no estaría aprobada hasta mediados de noviembre.

SENDA DÉFICIT

El objetivo del Gobierno, porque así lo pactó con Podemos, es presentar los nuevos objetivos de déficit con la nueva ley de estabilidad. Por tanto, hasta entonces Hacienda no presentaría las nuevas cifras con las que se elaborarían los PGE.

La nueva senda tiene que ser votada en el Congreso, una vez aprobada, remitida al Senado donde se augura un rechazo, y regresar a la Cámara Baja para la aprobación definitiva. Sumado así todo este plazo se prorrogaría hasta diciembre o enero la presentación de los PGE por parte del Gobierno. El Ejecutivo ya asume diciembre cuando hasta ahora el calendario que manejaba era noviembre.

A todo este trámite parlamentario hay que añadir los tres meses que suelen tardar en tramitar las cuentas públicas de forma que hasta antes de abril no habría nuevos Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, Hacienda siempre ha manejado la posibilidad de que el Ejecutivo presente un proyecto de PGE con la senda de déficit anterior por lo que no contaría con los 6.000 millones extras que ha logrado de la negociación con Bruselas.

Desde el PSOE recuerdan que el último gobierno de Mariano Rajoy no presentó las cuentas públicas para 2018 hasta el 3 de abril y se aprobaron definitivamente el 28 de junio, después de aprobar en el Congreso las enmiendas introducidas en el Senado.