El objetivo principal del acuerdo es el acompañamiento y colaboración entre todas las instituciones en las estrategias, planes y actividades contra todas las formas de intolerancia que se llevan a cabo, “poniendo en un lugar central el acompañamiento y defensa de las víctimas de los delitos de odio, la discriminación y la intolerancia”, indicó el Ministerio de Trabajo en nota.

En el acuerdo, con el que se renueva un convenio firmado hace tres años, se establecen las líneas de colaboración y se desarrolla el trabajo para responder a la 'Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia', impulsada y aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

El convenio se concreta en actividades de mejora del conocimiento e investigación, el análisis sistemático de los procedimientos y el número de denuncias cursadas, diligencias de investigación de la Fiscalía tramitadas, procedimientos judiciales incoados, sentencias, reparaciones a las víctimas. Además de la organización y realización conjunta de actividades de formación y sensibilización en este ámbito.

Acompañando los planes que lleva a cabo la Comisión Europea, las instituciones que participan en el acuerdo están prestando un especial seguimiento a la difusión a través de las redes sociales del discurso de odio, para facilitar su retirada sistemática en el más breve plazo, y así poder apoyar un discurso integrador de valores democráticos, según explica en un comunicado la cartera encabezada por Magdalena Valerio.

Como Observadores de la Sociedad Civil participan en este acuerdo diversas plataformas relacionadas con el objeto del mismo: el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes; el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación; la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales; el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la Plataforma del Tercer Sector.