El Constitucional se pronunció sobre este asunto en 2011 y dio la razón a los senadores recurrentes, al sentenciar que el Ejecutivo de Aznar se extralimitó al tipificar como delito los referendos ilegales mediante una enmienda a la Ley de Arbitraje.

Esta sentencia ha sido recordada este miércoles por PP y Ciudadanos, que defienden que esta resolución judicial implica que el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando irregularmente al intentar eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad presupuestaria con una enmienda a otra reforma normativa sin relación aparente. Se trata de una modificación que se está realizando a la Ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista.

En la sentencia 119/2011 el Constitucional dio amparo a los senadores que recurrieron, al reconocer su derecho a ejercer su labor parlamentaria sin trabas. Para ello, los magistrados se basaron en el artículo 23.2 de la Constitución, referido a “los derechos fundamentales y de las libertades públicas”.

“SISTEMA BICAMERAL”

Además, el Constitucional anuló los acuerdos que tomó la Mesa del Senado en diciembre de 2003, que fue cuando el PP introdujo la enmienda en la Ley de Arbitraje para tipificar como delito los referendos ilegales.

El recurso que llevó a esta sentencia estuvo firmado por senadores de distintos partidos, entre los que estaban también exdirigentes socialistas. Así, apoyaron esta acción contra el Gobierno de Aznar los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda, el exalcalde de Madrid Juan Barranco y el exministro de Administraciones Públicas Joan Lerma, entre otros.

A estos senadores el Constitucional les dio la razón en que, en lo que se refiere al trámite legislativo en las Cortes, “la enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa”.

Los magistrados añadían que la Constitución establece que la democracia española es un “sistema representativo bicameral” y que el Senado está definido “como una Cámara de segunda lectura, que delibera en un plazo cerrado de dos meses sobre los proyectos de ley aprobados por el Congreso”.