El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que señala que no es posible cursar una nueva solicitud de extradición contra Cubillas, ya que no existe ninguna acción judicial que haya interrumpido el plazo de prescripción de este asesinato, fijado por el antiguo Código Penal en 20 años.

El escrito, firmado por el fiscal Carlos Bautista, destaca la imposibilidad de juzgar a Cubillas por esta causa debido a que ha “transcurrido en exceso el plazo de prescripción”, por lo que solicita a Ruz que decrete la conclusión del sumario, que fue reabierto por el magistrado el pasado viernes.

El último acto judicial contra Cubillas en esta causa tuvo lugar en abril de 1992, cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal decretó el archivo provisional del procedimiento. La Fiscalía, recurriendo a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, señala que esta diligencia no puede interrumpir la prescripción del delito, pues no constituía una acción “de impulso y dirección del procedimiento frente al procesado”.

Anteriormente se habían cursado varias órdenes internacionales de detención contra el etarra afincado en Venezuela, pero estas quedaron sin efecto ante el archivo provisional. El fiscal Bautista indica que estas órdenes de detención tampoco tienen entidad suficiente para interrumpir el plazo de prescripción.

Cubillas fue procesado en 1986 en esta causa. El antiguo Código Penal fijaba en 20 años la prescripción de los asesinatos terroristas, un plazo que en la actualidad se ha elevado a 40 años.

CONDENA DE “LA TIGRESA”

Cubillas estaba acusado en esta causa de facilitar a su compañera del “comando Oker” Idoia López Riaño, alias “La Tigresa”, la información que permitió el asesinato de Facal, a quien la banda terrorista consideraba traficante de drogas. El asesinato tuvo lugar en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) el 26 de febrero de 1985.

La Audiencia Nacional decidió en marzo de 2001 reabrir el sumario para enjuiciar a López Riaño, que fue condenada a 27 años de cárcel. La Fiscalía asegura que esta diligencia tampoco puede interrumpir el plazo de prescripción, ya que no estuvo dirigida contra Cubillas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya solicitó el pasado 20 de octubre la extradición de Cubillas, en este caso por dar supuestamente cobertura a los miembros de la banda terrorista que se desplazan al país sudamericano para recibir adiestramiento militar. El Consejo de Ministro acordó el pasado viernes tramitar la solicitud de extradición.

En esta causa se le acusa de delitos de tenencia de explosivos, colaboración con banda armada (por las FARC) y conspiración para cometer homicidios terroristas.

Velasco reclamó esta misma mañana al Gobierno que reclame a las autoridades cubanas la extradición del etarra José Ángel Urtiaga, refugiado en la isla y que también se encuentra procesado en la causa que investiga la supuesta colaboración entre ETA y las FARC.

RETIRADA DE LA NACIONALIDAD

El magistrado propuso de forma complementaria que se demande primero al Ejecutivo de Hugo Chávez que retire la nacionalidad venezolana al terrorista, uno de los principales obstáculos para conseguir su extradición.

Velasco aseguró en el auto dictado el 20 de octubre que Cubillas obtuvo la nacionalidad venezolana de forma “fraudulenta”, únicamente para evitar ser extraditado a España, ya que sobre el etarra pesaban ya varias órdenes de busca y captura dictadas por la Audiencia Nacional por los delitos que cometió –incluidos el asesinato de Facal- durante su etapa como miembro del “comando Oker” de ETA.

Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional. Las declaraciones de Atristain y Besance han sido incorporadas a la causa que instruye Velasco.

Cubillas es el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que dirige el denominado “proceso de socialización de tierras ociosas”, la política de nacionalización de terrenos desarrollada por el Gobierno de Chávez.

ASESINATO DE UN POLICÍA

Cubillas también está acusado de haber participado, entre otras acciones del “comando Oker”, en el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún, y en el del policía nacional Máximo García Kleinte, perpetrado en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.

Las fuentes fiscales consultadas aseguraron que estas dos causas ya han sido declaradas prescritas, por lo que España no podría reclamar la extradición de Cubillas en base a estos presuntos delitos.