La abogacía analizará el fenómeno de las sectas en el Derecho Penal
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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acogerá el próximo 25 de septiembre la presentación del libro 'Las Sectas en Derecho Penal: Estudio dogmático de los delitos sectarios', de Carlos Bardavío Antón, y a partir de ahí los letrados analizarán el tratamiento que da el Código Penal al fenómeno de las sectas.
Junto al escritor, el acto contará con las intervenciones de Juan Gonzalo Ospina, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM; Miguel Polaino Navarrete, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y prologuista de la obra; Esteban Mestre Delgado; catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares; Noelia Bru Guirau, portavoz de la familia de Patricia Aguilar; y María Teresa Rojas Arquero, abogada de la familia Aguilar.
Casos como el de Patricia Aguilar, la niña raptada por un líder sectario de Perú, o las muertes por tratamientos pseudoterapéuticos han sido noticia recientemente. Más allá del impacto mediático, la alarma social generada por estos casos ha favorecido que tanto las víctimas como otros sectores de la sociedad reclamen una regulación penal de estos abusos a través del delito denominado “persuasión coercitiva”.
“Si estuviera regulado expresamente el delito de persuasión coercitiva en nuestro Código penal se hubiera evitado a Patricia Aguilar un calvario, y se habría detenido más pronto a su captor, o incluso evitado”, asegura Carlos Bardavío Antón, autor de la obra.
Las soluciones halladas en la investigación que ha dado lugar al libro se han confrontado en las organizaciones criminales sectarias, resultando sorprendentes y novedosas conclusiones en su tratamiento penal y en la autoría y participación.
“La persuasión coercitiva es una modalidad de violencia muy similar a la violencia de género, pero más sutil, indirecta y progresiva. Sorprende que no se regule expresamente en el Código Penal este delito para proteger los casos de dominio psicológico de la voluntad. La falta de una regulación expresa produce en los jueces, tribunales, fiscales, abogados y en la Policía cierta confusión sobre qué delito imputar, lo que lleva en la mayoría de casos al archivo”, señala el autor.
(SERVIMEDIA)
18 Sep 2018
SGR/gja