Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1978, Allué es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde 1980. Como inspector, estuvo destinado en las inspecciones provinciales de Baleares y Madrid. Entre 1984 y 1990 desempeñó diferentes responsabilidades en el Ministerio de Trabajo, como la de subdirector general de Productividad y Seguridad e Higiene en el Trabajo; Mediación, Arbitraje y Conciliación en la Dirección General de Trabajo; y Planificación y coordinación en la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Posteriormente, ocupó los cargos de experto nacional destacado ante la Comisión Europea en políticas de empleo y Fondo Social Europeo entre 2001 y 2006 y de consejero de Trabajo y Asuntos sociales en la Representación Permanente de España ante la UE entre 2006 y 2008.

En 2008 fue nombrado director general de Política Comercial y Comercio Interior en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el ámbito de la empresa privada ha trabajado como abogado en práctica laboral en los años 1978 y 2011-2013. En la actualidad ocupaba el puesto de consejero de alta inspección, adscrito a la Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

DIMISIÓN DE PASCUAL

La ex directora general de Trabajo presentó su dimisión a primeros del mes de septiembre al asumir “voluntariamente” todas las responsabilidades del registro de los estatutos del sindicato Otras. Este registro se había efectuado el pasado mes de agosto ante la dirección de la que Concepción Pascual era la máxima responsable.

La propia ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reconoció que le “han metido un gol por toda la escuadra” con el registro de la organización de trabajadoras sexuales. Entonces, el Ministerio inició los trámites pertinentes para declarar nula la resolución por la que se constituía esa organización.

Valerio ya afirmó que “la persona que lleva esto tendrá que explicarme por qué no se me ha informado" y el presidente del Gobierno rechazó identificar la prostitución con un “trabajo” y abogó por su “abolición”. Además, el Ministerio considera que no es necesario cambiar el procedimiento normativo tras este caso.