Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, España está “firmemente comprometida” con la lucha contra la impunidad y con la Corte Penal Internacional como “piedra angular de un sistema universal” destinado a imponer justicia frente a los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el genocidio, la limpieza étnica y el crimen de agresión.

Este compromiso, según Exteriores, asume que “necesario un orden basado en el derecho y el imperio de la ley, en el que la lucha contra la impunidad deber ser garantizada a nivel nacional y, en su defecto, a nivel internacional, sobre la base del principio de complementariedad, y en el que las víctimas, sea cual sea su nacionalidad, vean reconocido su derecho a ser resarcidas”.

Por todo ello, el Ejecutivo mostró su compromiso a “seguir colaborando” con la labor de la Corte Penal Internacional e instó a todos los países a “seguir haciéndolo” para “garantizar su acción eficaz y la universalidad del Estatuto de Roma”.

Exteriores emitió este comunicado dos días después de que el titular de la cartera, Josep Borrell, publicara un mensaje en su perfil de Twitter en el que rechazó las amenazas vertidas por EEUU contra la Corte Penal Internacional y mostró su respaldo a la labor que desempeña este organismo.

El jefe de la diplomacia española se pronunció en estos términos después de que el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, arremetiera contra la Corte Penal Internacional y amenazara a este organismo con sanciones si sus jueces siguen adelante con unas investigaciones sobre crímenes de guerra perpetrados supuestamente por estadounidenses en Afganistán.