Dos empresarios madrileños admiten donaciones a fundaciones de Convergència para entrar en el mercado catalán

- El PDeCat se desvincula de CDC en el `caso del 3%´ con el argumento de que Convergència no era independentista y su sucesora sí

MADRID
SERVIMEDIA

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tomado declaración como investigados a dos directivos de Impulsa Grupo Ortiz, empresa constructora con sede en Madrid, en relación con la adjudicación presuntamente irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona). El presidente del grupo, Juan Antonio Carpintero, y su vicepresidente, Emilio Carpintero, han manifestado ante el magistrado que hicieron donaciones a una fundación con fines “culturales” para entrar en el mercado catalán, sin saber de sus vinculaciones con Convergència Democrática de Catalunya.

El juez les citó a declarar dentro de la investigación del 3% que supuestamente cobraba Covergència a empresas a cambio de adjudicaciones de obra pública. En su auto del 3 de agosto el magistrado acuerda llamarlos a declarar por varios delitos, entre ellos cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo.

La citación se relaciona con el contrato de ampliación del colegio público La Trama, en Sabadell, que sospecha se adjudicó al grupo a cambio de donaciones a las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, ambas ligadas a CDC.

La UTE Impulsa Grupo Ortiz con Ortiz Construcciones y Proyecto se presentó al concurso, en el que partía del puesto vigésimo quinto y, sin embargo, terminó en primera posición al incrementar en 10 puntos la valoración técnica, una circunstancia que podría responder, según el juez, "al objetivo de provocar una adjudicación concreta".

Además, De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso, siempre los mismos días.

Los ingresos realizados tienen lugar desde febrero a mayo de 2010 y ascienden a 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, mientras que Impulsa Grup Ortiz llegó a pagar 130.000 euros.

Los dos empresarios han reconocido ante el juez haber hecho donaciones a ambas fundaciones sin tener conocimiento de su vinculación con el partido que gobernó en Cataluña durante casi tres décadas. Según han dicho, su intención era entrar en el mercado catalán, en el que no tenían experiencia previa, y para ello se decidieron a hacer donaciones con fines “culturales” para darse a conocer y establecer vínculos que les permitieran implantarse.

Fuentes presentes en la declaración, explicaron que los empresarios han insistido en que no tenían “ni idea” de la relación de Catdem y Forum Barcelona con Convergéncia y que, por tanto, su intención no era pagar comisiones a cambio de contratos.

INDEPENDENTISMO

El pasado 27 de julio, el juez De la Mata acordó también ampliar la investigación a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PDeCat, formación a la que considera "mero continuador" de la primera, como personas jurídicas, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En esta causa, el juez investiga una trama en la que altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios, pusieron en marcha "una estructura para financiar ilegalmente el partido" mediante "donaciones" a fundaciones afines efectuadas por "múltiples mercantiles" a cambio de adjudicaciones públicas.

El magistrado instó a ambas formaciones a designar representantes legales, que comparecieron este martes. Los letrados de ambas formaciones han puesto énfasis en explicar que no tienen relaciona orgánica ni funcional y aún reconociendo que Convergència fue la inspiradora de la creación del PDeCat en julio de 2016, se trata de formaciones totalmente distintas e independientes.

Su empeño es demostrar que las finanzas de Convergència nada tienen que ver con las de su formación sucesora. De hecho, el letrado del PDeCat llegó a afirmar ante el juez que se trata de formaciones tan distintas que los estatutos de Convergència no definen al partido como independentista, mientas que los del PDeCat, si que lo recogen.

El juez de la Audiencia Nacional sospecha que CDC ingresaban el dinero a través de diferentes empresas pertenecientes a un mismo holding y, por otro, pagaban al partido a través de las fundaciones. El magistrado destaca que había un "mediador" con "gran ascendencia" dentro del partido y "alta capacidad de influencia, que apadrina estas gestiones" para conseguir la financiación ilegal, y un tesorero que lleva las cuentas y recibe los pagos.

(SERVIMEDIA)
12 Sep 2018
SGR/gja