Como informó Acaip este miércoles, los sindicatos de prisiones demandaron al Gobierno que “cumpla los compromisos que adquirió con el personal penitenciario cuando estaba en la oposición”, y le recordaron que “fue el propio Partido Socialista quien presentó una proposición de ley en el Congreso, en la cual se recogían muchas de sus reivindicaciones”.

“Hemos estado asumiendo cada vez más funciones como consecuencia de las diferentes reformas legislativas del Código Penal sin que se nos haya dotado de más personal para poder realizarlas, lo que sumado al déficit estructural que tenemos de 3.400 vacantes y el grave problema de envejecimiento de las plantillas, nos impiden garantizar la seguridad y la integridad física de las personas privadas de libertad, así como las del propio personal penitenciario”, señalaron estos sindicatos.

Desde Acaip, CCOO y UGT, consideran “urgente” actualizar las funciones de su colectivo “con la finalidad de recuperar la carrera administrativa y la promoción interna del personal penitenciario”.

Además, indican que dentro del propio Ministerio del Interior, los puestos que realizan funciones de atención al público han sido reclasificados, una actuación que no se ha realizado en Instituciones Penitenciarias a pesar de la elevada penosidad que tiene trabajar con personas que padecen problemas de salud mental, drogadicción, y graves carencias sociales, educativas o culturales, lo que sin duda, “nos ha convertido en el colectivo con la más alta siniestralidad laboral de la Administración General del Estado, con el 90% de agresiones físicas al personal penitenciario”.

Entre nuestras reclamaciones también está la de adscribir el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el grupo B de la Administración del Estado, ya que la especialización de las funciones y responsabilidades que asumimos exceden de las tareas administrativas del grupo C1. Así como eliminar las categorías de centros penitenciarios, ya que generan diferencias salariales de hasta 700 euros entre puestos de trabajo que realizan las mismas funciones dentro de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.