La renuncia de la titular de Justicia fue reclamada por la senadora del PP Esther Muñoz, que defendió una interpelación en el Pleno de la Cámara Alta sobre la polémica por la defensa de Llarena en Bélgica.

Según Muñoz, “era política del Gobierno no hacer nada” en defensa de Llarena, de forma que la “inacción política” de Delgado estaba “perfectamente calculada”.

A juicio de esta senadora popular, no defender al instructor del sumario del ‘procés’ era el “precio” que el Gobierno iba a pagar a los independentistas catalanes por hacer a Sánchez presidente. Sin embargo, esta parlamentaria sostuvo que este “pacto de no agresión” se quebró por la “presión” judicial, política y social en favor de Llarena.

“INMUNIDAD JURISDICCIONAL”

La titular de Justicia rechazó estas acusaciones del PP y reprochó a la senadora su falta de “rigor” y no tener “ni idea” de asuntos jurídicos, así como de no haber atendido a las explicaciones dio este martes por la mañana en una comparecencia en el Congreso.

Delgado afirmó que “desde el primer momento” atendió la petición del CGPJ de defender a Llarena frente a la demanda presentada en Bruselas por Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. La ministra afirmó que el Ejecutivo ha actuado de forma “responsable” para defender a la Justicia española y al magistrado instructor del sumario del ‘procés’ ante los tribunales belgas.

A este respecto, explicó que la cuestión clave era defender la “inmunidad jurisdiccional” de España en Bélgica, algo que les llevó a intentar que los jueces de este país europeo ni siquiera abordaran la demanda de Puigdemont y sus exconsejeros.

Este factor, según Delgado, les llevó en el comunicado del 23 de agosto a diferenciar la instrucción de Llarena sobre el ‘procés’ de sus declaraciones en un acto privado, algo que buscaba que los jueces belgas no descartasen a priori la “excepción de inmunidad jurisdiccional”, de forma que ni siquiera hubieran entrado a analizar la demanda de Puigdemont.