En un comunicado, la asociación subrayó que la “implicación” de los farmacéuticos privados en el seguimiento del tratamiento de los pacientes en sus domicilios puede representar un “grave conflicto de intereses". "Promover la adherencia a la medicación supone un incremento de los beneficios de los agentes farmacéuticos sin que estos asuman ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de nuestro abuso de antibióticos, tranquilizantes o estatinas, en los primeros puestos del ranking a nivel mundial”, lamentó.

En este sentido, la ADSP señaló que la nueva normativa también supone dejar pasar la ocasión de “avanzar en la desmedicalización, en la adecuación de los tratamientos y en la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas”.

CONGRUENCIA

A juicio de la asociación, algunos aspectos del anteproyecto son “congruentes” con el intento del PP de “desmantelar y privatizar” la atención primaria, cuyos profesionales, defendió, son los “más cualificados e indicados” para garantizar “el control y el seguimiento terapéutico de la población”. “Es obvio que para ello se precisa incrementar las plantillas”, aseveró, no obstante, el colectivo.

Por el contrario, la implicación de los farmacéuticos públicos en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos y la adherencia terapéutica, en especial de los ancianos, dependientes y personas más vulnerables, podría suponer, según la organización, “un avance a la hora de adecuar la terapia y disminuir la polimedicación, las interacciones y los consiguientes efectos adversos de los medicamentos”. Unos efectos “cada vez más frecuentes debido a la aceleración de la aprobación y de la generalización de los nuevos fármacos”, concluyó.