La Fiscalía General del Estado ha propuesto en su Memoria de 2017 reformar el Código Penal para rebajar las penas en los casos de delitos de odio cometidos a través de las redes sociales, después de las condenas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes racistas, homófobos o antisemitas en los últimos años.

Por eso, el Ministerio Público abogó ayer por rebajar las penas de prisión previstas o aplicar medidas alternativas a la pena privativa de libertad en algunos casos.

A juicio de la ONG, la puesta en práctica de mecanismos para perseguir los delitos de odio previstos en el Artículo 510 del Código Penal demuestra que las dificultades en su aplicación provienen de diversos factores, además del apuntado por la Fiscalía sobre las penas previstas, como es el límite de la libertad de expresión.

Según SOS Racismo, hay un “discurso peligroso que prolifera en las redes” contra el colectivo LGTBI, personas racializadas, personas musulmanas o pertenecientes al pueblo gitano y que, en ocasiones, contiene “amenazas de muerte o una incitación expresa a la violencia” que debe, a su juicio, seguir penado con cárcel.