Segarra hizo esta afirmación en un acto presidido por el Rey en el Tribunal Supremo y con la asistencia del presidente esta institución y del CGPJ, Carlos Lemes; de la ministra de Justicia, Dolores Delgado; así como de los máximos representantes de la judicatura, la Fiscalía y diputados de distintos partidos políticos.

Al referirse a la situación en Cataluña, la fiscal general señaló que quería lanzar un “mensaje de respeto” a todos los profesionales de la Justicia, y los fiscales “en particular”, que “de una u otra forma ejercen la difícil labor de ofrecer una adecuada respuesta ante la grave situación generada en Cataluña”, en referencia al proceso independentista.

A este respecto, Segarra afirma que será “especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones” en Cataluña, en referencia a sus subordinados en esta comunidad. Añadió que a estos fiscales debía transmitirles su “apoyo absolutamente inequívoco”.

“DESBORDAMIENTO CONSTITUCIONAL”

La responsable del Ministerio Público hizo esta consideraciones tras referirse a que “durante el año 20017 asistimos en Cataluña a un desbordamiento constitucional y estatutario”, ya que se impidió el “cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales”, en referencia a los autos y sentencias contra el referéndum del 1-O y otras decisiones de la Generalitat vinculadas al proceso secesionista.

Frente a esta situación, Segarra señaló que se produjo un “inequívoco compromiso” de la Fiscalía y el Estado de derecho en defensa de la legalidad, porque la ley es la expresión del “consenso mínimo” de una sociedad democrática.

Por este motivo, la fiscal general continuó que “las legítimas aspiraciones de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente (en alusión a los independentistas y a la Diada)- deben ser encauzada a través del ordenamiento jurídico”.

Destacó que “no puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia”. Al mismo tiempo concluyó, también respecto a la cuestión de Cataluña, que “España tiene un sistema judicial fuerte, sólido al servicio del Estado de derecho y un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad”.