La memoria presentada este lunes por la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la apertura del Año Judicial recoge que durante el pasado año se confirmó la tendencia alcista en el número global de accidentes de trabajo, tanto de carácter mortal (484), como graves o leves, pasando de los 480.051 del año 2016 a los 503.749 del pasado año 2017, lo que supone un incremento de casi el 5%.

Es el plano estrictamente procesal lo que preocupa al ministerio público, que considera que con más de siete años de tramitación no se da respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Atribuye a causas “estructurales” la dificultad de dar mayor agilidad a los procedimientos y reconoce que esos plazos tan dilatados ocasionan “perjuicios” a los trabajadores que ven “limitados sus derechos”.