El progresivo aumento del número de sentencias condenatorias en esta materia, dice la memoria, es una muestra más del compromiso institucional contra todas las formas de delincuencia relacionadas con el medio ambiente y el urbanismo.

En concreto, en el año 2017 se dictaron 1.187 sentencias condenatorias, frente a las 975 del año 2016, lo que supone un incremento del 21,74%. De ellas, el 33,19% (394) fueron por delito de naturaleza estrictamente urbanística, que la Fiscalía computa junto con los delitos medioambientales.

El ministerio público detalla que las dificultades inherentes a la persecución de los delitos medioambientales se han visto superadas no sólo por el esfuerzo de los fiscales, sino por el apoyo de técnicos, peritos y fuerzas policiales que será necesario reforzar si se quieren mejorar los resultados.

Los datos, explica la fiscal general del Estado, María José Segarra, “son esperanzadores” tras haber obtenido un total de 155 sentencias condenatorias frente a las 54 del año 2016, lo que supone un incremento de casi el 190%.

La sensibilización cada vez mayor sobre el hábitat natural también explica también las 316 sentencias recaídas por delitos contra la flora y fauna, las 136 por incendios forestales y las 163 por malos tratos a animales domésticos.