La Memoria de la Fiscalía advierte que los casos de corrupción “socavan los cimientos del Estado de Derecho y la necesaria confianza de los ciudadanos en sus Instituciones” y debe ser de objeto de atención prioritaria por el ministerio público.

A juicio de Segarra, los datos de la Fiscalía Especial Anticorrupción avalan la eficacia de su labor. En el año 2017 se produjo un incremento en el número de procedimientos judiciales del 14% (609, frente a los 524 del año 2016), y en la incoación de diligencias de investigación de la Fiscalía, con un total de 39, dos más que el ejercicio anterior.

El número total de acusado ascendió a 46, una cifra similar a la registrada en 2015, pero inferior a los 59 del año 2016. No obstante, la Fiscalía destaca el número de 33 sentencias condenatorias, del total de 34 dictadas, superior a las 29 del año anterior.

La Memoria de la Fiscalía hace hincapié en la indispensable colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de los técnicos cualificados y peritos de las administraciones públicas, en particular, en las materias bancaria y financiera que han ocupado buena parte del trabajo, tras las denuncias formuladas por el FROB o la SAREB, que han contribuido a la labor de la Fiscalía Especial Anticorrupción.

El Ministerio Público señala las muchas las dificultades que representa la lucha contra la corrupción, entre ellas la propia complejidad de los hechos que se investigan, la gran litigiosidad en los procedimientos, los retrasos en su tramitación que derivan en la aplicación de atenuantes, los cambios en los criterios jurisprudenciales que determinan la nulidad de actuaciones, etc.

A pesar de ello, dice la Memoria, “la pesada maquinaria judicial siempre termina por ofrecer una respuesta firme y rigurosa frente a quienes se aprovechan de su condición de servidores públicos para servirse a sí mismos”.

Destaca también el trabajo realizado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, tanto en la función de fiscalización de la actividad de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos, como en la depuración de las responsabilidades contables, y eventualmente penales, que se pudieran observar.

Esta labor, siempre inacabada, exige el reforzamiento de los medios personales y materiales de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos, “que no son otros que promover una adecuada respuesta jurisdiccional junto con la efectiva recuperación del dinero de todos”.