En un solemne acto presidido por el Rey, la fiscal general del Estado, María José Segarra, hizo una breve referencia que, aún cofirmándose ya en 2018, “tiene una indudable relevancia para la convivencia de la sociedad española. La anunciada disolución de la organización terrorista ETA ha sido, sin duda, una buena noticia”.

Entiende la fiscal general que ésta disolución no es más que “la confirmación de la derrota” de la banda terrorista que “ha sido posible por la respuesta firme del Estado de Derecho, entre la que destaca la tarea llevada a cabo durante mucho tiempo, y con un gran coste profesional, y a veces también, desgraciadamente, personal, de los miembros del Ministerio Fiscal, y singularmente, los que desempeñan su labor en la Audiencia Nacional y en el País Vasco y Navarra”.

Segarra insiste en la importancia de mantener el compromiso con la aplicación de la ley como la mejor forma de combatir el terrorismo del signo que sea. “Superada la dolorosa etapa de ETA”, alerta, “nos obliga a enfrentarnos a nuevas amenazas”, que vincula con el fanatismo religioso.

El terrorismo asociado al yihadismo en particular “ocupa, hoy en día, gran parte de nuestros esfuerzos”. En concreto, cita la Memoria, durante el año 2017 las causas por terrorismo en general supusieron el 46,74% de las diligencias previas incoadas en la Audiencia Nacional (294 de un total de 629 causas). De ellas, los procedimientos por terrorismo yihadista se incrementaron un 11,56% el pasado año.

El Ministerio Público entiende que se trata de un “fenómeno complejo” porque reviste diferentes formas y modalidades delictivas que van desde la captación, el adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, la radicalización, el reclutamiento y adiestramiento de personas con propósitos terroristas, así como la prestación de la logística, cobertura, apoyo y financiación con esos fines, que se ve agravado por el uso de las redes sociales y los complejos entramados organizativos que dificultan la actividad probatoria, exigiendo una adecuada cooperación internacional.