La Memoria da cuenta de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el proceso secesionista que culminó con la declaración unilateral de independencia, llevada a cabo en la sede del Parlament de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

La fiscal considera lo ocurrido en Cataluña un “verdadero desafío” ante el que reitera “el compromiso del Ministerio Fiscal con el Estado de Derecho y con la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida”.

Segarra afirma tajante en la Memoria que “en la España del siglo XXI nadie es perseguido por sus ideas sino, en su caso, por la presunta comisión de hechos delictivos”. Por lo tanto, asegura, “no puede hablarse de presos políticos. La ley nos vincula a todos, porque sin ley no hay democracia”.

En la causa que instruye el Tribunal Supremo, asegura, las garantías procesales amparan a toda la ciudadanía, y “el Ministerio Fiscal velará por su estricto cumplimiento”. Además, la nueva fiscal general hace una mención especial a los fiscales que ejercen en Cataluña a los que ofrece su “apoyo absolutamente inequívoco” frente a cualquier “intento de condicionar, personal o profesionalmente” su actuación.

Entiende la Fiscalía que hay planteado en Cataluña un “grave conflicto político y social” que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre de 2017 que ha extendido sus consecuencias a los más diversos aspectos institucionales, económicos y también jurídicos. La Memoria repasa su actuación en la causa del `procés´ y se reafirma en las decisiones tomadas hasta el momento.