Este decreto, que se aprobó a principios de agosto y modifica el que regula el PAE, tiene como objetivo evitar que alrededor de 41.000 parados de larga duración queden desprotegidos y sin las ayudas económicas por no poder reincorporarse al programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

El carácter urgente del real decreto-ley se justifica, según el Gobierno, porque al haber finalizado la vigencia del programa resultaba imposible la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares.

La interrupción de la prestación impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa.

La reincorporación supone evitar una situación de “desigualdad” entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad.

Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas, y con responsabilidades familiares a su cargo, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Esta norma está dotada con 53 millones de euros, cuantía ya prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.