Después de la información publicada por eldiario.es, Izquierda Unida considera aún más necesaria la comisión de investigación sobre los bienes del rey emérito que reclama Unidos Podemos, y que el PP, el PSOE y Ciudadanos han vetado en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Garzón pretende que el Congreso "acabe con el silencio" sobre los "negocios y supuestas prácticas irregulares perpetradas durante años por Juan Carlos de Borbón, con la ayuda de distintos personajes".

A la coalición le parece "llamativo" que dos de las empresas afectadas por el "ruinoso negocio" que negoció la amiga del rey emérito acabaran integrándose en el consorcio que en 2012 se adjudicó el multimillonario contrato del AVE a La Meca, por el que, según las grabaciones a la propia Corinna, el entonces jefe del Estado pidió una "comisión millonaria".

Además de la petición de comparecencia, Garzón ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para conocer cuáles fueron los motivos por los que el embajador acompañó a Corinna a una reunión con un representante oficial de otro Estado, y por qué se permitió que una pesona particular se presentara como "representante" del jefe del Estado y abordase cuestiones bilaterales entre ambos países.

Garzón quiere saber en qué otras ocasiones un embajador o representante oficial del Estado español ha acompañado a reuniones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein y qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que representantes diplomáticos españoles acaben trabajando para empresas privadas cuyos intereses han defendido bajo su misión diplomática. También pregunta si conoce el Ejecutivo el nombramiento de Corinna como "representante" del entoces Rey y si ha realizado alguna misión por encargo del Gobierno.

El dirigente de IU reconoce su "escepticismo cargado de datos y antecedentes" en relación a que estas iniciativas sean tramitadas y superen el "bloqueo" del PP, el PSOE y Ciudadanos en todo lo relacionado con el jefe del Estado. De hecho, recuerda que ya en la legislatura 2011-2015, el PP y el PSOE sumaron fuerzas para vetar varias baterías de preguntas registradas también por la coalición.