Batet compareció a petición propia y del Grupo Parlamentaro del PP en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de la reunión del pasado 1 de agosto de la Comisión Bilateral. Allí se reafirmó en la necesidad de rehabilitar este órgano después de siete años porque “la situación hoy es peor” que entonces, con “un conflicto político de primer orden”, pero también en que en todo momento el Gobierno lo ha mantenido dentro de los límites de la Constitución, pese a las sospechas de PP y Ciudadanos.

La ministra confesó que al Gobierno le tocó escuchar en la reunión palabras y planteamientos “hirientes”, pero argumentó que, cuando una institución como la Generalitat los hace suyos, es mejor escucharlos que silenciarlos o pensar que van a desaparecer por una sentencia judicial, porque entonces esas palabras ganan apoyos y se convierten en hechos.

Explicó que el Gobierno rechazó las reivindicaciones de la Generalitat sobre la autodeterminación y una intervención en favor de los políticos independentistas presos. Respecto a la primera, recordó que el Tribunal Constitucional ya la desautorizó, como otros tribunales análogos de otros países europeos, y en cuanto a los segundos, porque el Ejecutivo defiende que los políticos han de sujetarse a la Ley y que “es a los jueces a quienes compete cualquier decisión procesal”.

No obstante, Batet narró que ella, personalmente, también expuso en la Comisión Bilateral cosas que los representantes de la Generalitat no querían escuchar. Por ejemplo, la obligación del Gobierno catalán de defender los derechos de todos los catalanes y de mantener la “neutralidad ideológica de las instituciones”, porque “las mayorías parlamentarias dirigen las instituciones, pero no pueden ocuparlas silenciando las voces que no les resultan agradables”.

Además, también defendió la figura del Rey de todos los españoles y pidió al Gobierno catalán que deje de ausentarse de los órganos multilaterales, porque tanto éstos como los bilaterales son necesarios, cada uno para unos temas, dejando claro que los bilaterales los habrá con todas las comunidades, no sólo Cataluña.

RECURSOS AL TC

Por otra parte, la ministra echó en cara al PP que, al igual que los independentistas, haya puesto el foco en estos puntos de la Comisión Bilateral, los más conflictivos y “estériles”, en lugar de en los apartados estrictamente constitucionales que constituyeron “el grueso” de la reunión: la reducción de los litigios competenciales ante el Tribunal Constitucional, para lo que Batet se comprometió a “buscar fórmulas” políticas en los temas que puedan canalizarse dentro de la Carta Magna y con lealtad y respeto a las jerarquías institucionales. Igualmente, relató que en la reunión se abordaron tema de infraestructuras, de participación de la Generalitat en decisiones estatales y de educación y acción exterior, que se trasladaron a las comisiones mixtas sectoriales específicas.

En suma, Batet instó a tranquilizarse a quienes teman “pagos políticos” o cesiones, presumió de que “se han abierto los canales de diálogo” entre el Estado y la Generalitat, de lo que espera mejoras futuras si hay “lealtad y flexibilidad” por ambas partes y todas las fuerzas políticas. Por el momento, aseguró que la Generalitat se mostró dispuesta a “ir más allá de sus reivindicaciones políticas” y “asumir sus responsabilidades institucionales”, y que su Gobierno ha querido demostrar que “el Estado no es un ente exterior que va a Cataluña”, sino que “está en Cataluña y es de Cataluña, cuya ciudadanía “se ha sentido en ocasiones abandonada por sus instituciones centrales”.

El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, replicó a Batet que ignorara en su intervención que lo que suscita hoy consenso en Cataluña, tanto de independentistas como no independentistas, es el referéndum, que sean los propios catalanes quienes decidan su futuro, y calificó de “muy decepcionante” el resultado concreto de la Comisión Bilateral, puesto que no hubo un compromiso concreto. En ese sentido, pidió a Batet que se comprometiera a retirar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno anterior contra la ley catalana que garantizaba el acceso universal a la sanidad. Esta exigencia se trasladaron también después el portavoz de ERC, Joan Tardà, y el de Unidos Podemos, Josep Vendrell.

Tardà insistió en que “sólo puede haber una solución democrática con urnas”, con “un referéndum que tenga en cuenta todas las opciones”, incluida la independencia. Además, confesó que no le gusta ver lazos amarillos pero los describió como “una anomalía fruto de otra anomalía” y diagnosticó que, si en 2014, cuando la Generalitat pidió en el Congreso que se le permitiera convocar una consulta, “las cosas hubieran ido de manera muy distinta y las partes hubieran llegado a un acuerdo”. También confesó que “si algún independentista ingenuo o estúpido se cree que pude imponer la independencia al 50% de catalanes que no lo son, está equivocado”.

Vendrell, por su parte, dijo que la neutralidad del espacio público supone “que todo el mundo pueda expresarse”, no “suprimir la libertad de expresión”, y coincidió con Tardà en que la consulta, aunque sea consultiva, debe incluir todas las opciones, incluida la independencia. Según él, el pacto constitucional roto por la sentencia del Estatut sólo puede resolverse con otro referéndum. Desde el PNV, Mikel Legarda, como Vendrell, replicó a Batet que los espacios públicos han de tener libertad de uso para expresarse políticamente, proponiendo que cada uno ponga los símbolos que quiera.

Los dos grupos más contrarios a Batet fueron el PP, representado por Alicia Sánchez-Camacho, y Ciudadanos, por José Manuel Villegas. Éste partió de que no puede haber diálogo fuera de la ley; citó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en su conferencia de ayer fijó en semanas el plazo para construir una nación libre y soberana; y acusó al Gobierno de que “no pueden actuar” y “tienen que mirar para otro lado” porque deben su puesto al apoyo de los independentistas, cuyos votos necesitan.

SITUACIÓN ANORMAL

Además, criticó que se quiera dar apariencia de normalidad con estas reuniones a una situación que es “anormal” por culpa del Gobierno catalán, y preguntó qué va a hacer el Ejecutivo aparte de mostrar preocupación, prometiéndole que tendrá el apoyo de Cs si aplica el artículo 155. Y, si no se atreve a actuar, le instó a convocar elecciones.

Por su parte, Sánchez-Camacho, además de constatar la dependencia parlamentaria del PSOE respecto a los independentistas, le advirtió a Batet que “está muy equivocada” si cree que con la Comisión Bilateral y puro “voluntarismo” va a arreglar el problema, calificó de “farsa” el diálogo que reclaman los nacionalistas y recordó que fueron ellos quienes descartaron este órgano porque no les interesaba y sólo quieren la ruptura de España y no les bastará con las 14 leyes recurridas al TC. Por último, preguntó qué hará para evitar el conflicto civil y la intimidación que sufren los no independentistas.

En su réplica, Batet respondió a Campuzano que hoy no hay consensos en Cataluña y se han de construir de nuevo y que más democracia no es saltarse las leyes. Además, dijo que, aunque “se abre la puerta al desestimiento” de los recursos presentados ante el TC por el anterior Gobierno (a Vendrell le garantizó que este viernes el Gobierno dará prioridad a los temas sociales en la retirada de los recursos de inconstitucionalidad) , no podría entender que los nacionalistas condicionaran su apoyo a una ley que abre la sanidad universal a todos los residentes en España a que el Gobierno se lo permitiera antes a todos los que viven en Cataluña.

En cuanto a los espacios públicos y su neutralidad, Batet dijo que hay diferencia entre usarlos para expresarse y “ocuparlos permanentemente” sin dejar sitio para otros; la misma distinción hizo antes el portavoz del PSOE en la Comisión de Política Territorial, Patxi López, quien abogó por referendos sobre un acuerdo previo entre gobiernos, no uno que divida a los electores. A Tardà le contestó que votar sin garantías y sin cobertura legal no es ayudar a la democracia, sino todo lo contrario, y se decantó por no hacer propuestas excluyentes que descarten a la otra mitad. En general, estuvo de acuerdo en todo lo que postuló Vendrell.

Con Villegas coincidió en que “sólo hay democracia con Estado de Derecho”, pero le precisó que Torra, diga lo que diga, está en un órgano de interlocución constitucional, y que el 155 exige un incumplimiento material, grave y reiterado de la Constitución, por lo que pidió a Ciudadanos apoyo al proyecto del Gobierno, que aseguró que es de fortalecimiento del Estado democrático. Además, le reprochó a Cs que no apoyara la moción de censura justificada en un tema de corrupción, permitiendo así que el PSOE llegara al Gobierno con los votos de independentistas, como le había echado en cara Villegas.

A Sánchez Camacho le replicó que es cierto que la Comisión Bilateral no resolverá todo el problema, pero que ésta contribuirá a hacerlo. Defendió, así, su alternativa a la política desarrollada por el PP, que a su juicio empeoró la situación, y que tampoco coincide con los intereses de los independentistas, porque si se habla de los catalanes y sus intereses se hablará menos de la soberanía. Además, pidió al PP la misma lealtad al Gobierno socialista que el PSOE brindó en la aplicación del artículo 155 al Gobierno popular.