En todo caso, fuentes populares precisaron que esta norma no se refiere en ningún caso a espacios privados, sino únicamente a instituciones y lugares públicos y supone un “recordatorio” porque no estaba “suficientemente definida la prohibición de exhibir en espacios públicos símbolos excluyentes”.

Según el PP, era necesario completar algunas normas ya en vigor desde 1981 atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre neutralidad institucional y a nuevas circunstancias, como la “crispación” que se vive en Cataluña con la puesta y retirada de lazos amarillos.

De esta forma, se recuerda a las autoridades públicas que han de cumplir con sus funciones conforme a los principios de legalidad e imparcialidad. La propuesta delimita sus obligaciones de tal forma que tengan que “abstenerse de realizar y corregir en el acto cualquier tratamiento ilegal o cualquier ofensa, demérito, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales”.

La proposición de ley de defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales tiene como fin que el uso del espacio público sea “respetuoso con los valores constitucionales” y garantizar la protección de los símbolos nacionales y oficiales (el Rey, el himno, la bandera nacional y las autonómicas).

Los populares concretan que un uso “partidista” de los símbolos es el que se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos “con inevitable exclusión del resto”, como aprecian en el caso de los lazos amarillos que el mismo presidente de la Generalitat, Quim Torra, suele exhibir en actos institucionales, caso distinto, especifican desde el PP, a hacerlo en eventos de partido.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular explican que esta iniciativa tiene su razón en la “tensión y división” que han visto en Cataluña, que “afecta a la convivencia y la calidad democrática”. Las instituciones y espacios públicos, remarcan, “no pueden ser un lugar de propaganda”.

De esta forma, proponen con esta ley declarar “nulos de pleno derecho” los símbolos que no sean oficiales y resulten “partidistas”. En este sentido, las autoridades públicas, esto es, los altos cargos y funcionarios con potestades públicas, deben corregir “de inmediato” el uso que ellos mismos y los particulares hagan en horas de trabajo de símbolos, lemas o enseñas “contrarios al principio de neutralidad”.

Cuando una autoridad no cumpla con este deber, dicen los populares, ha de enfrentarse a una infracción. En este caso, recogen lo explicitado ya en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Una infracción leve conllevaría amonestación, una grave declaración del incumplimiento y no percibir indemnización de cese en el cargo y una muy grave supondría todas las anteriores y “no poder ser propuesto ni nombrado para ocupar un puesto de alto cargo entre 5 y 10 años”.

En cuanto a los empleados públicos (funcionarios, laborales, interinos y eventuales), la proposición de ley les insta a cumplir en el ejercicio de sus funciones con la “neutralidad” que las mismas les exigen y a “poner en conocimiento de las autoridades públicas la comisión de las conductas prohibidas” conforme a esta norma.

Es decir, un maestro o un médico que trabaje para la Administración Pública no podría portar en horas de trabajo emblemas independentistas y debería comunicar a las autoridades si aprecia conductas contrarias a los símbolos oficiales. Un funcionario, remarcan desde el PP, “tiene que preservar la neutralidad”.

Fuentes populares justifican esta iniciativa porque “no se puede aceptar que el incumplimiento de la ley se convierta en una conducta socialmente aceptada” y hay que “recordar las obligaciones del desempeño de funciones públicas”. “No estaba perfectamente definido que en espacios públicos no pudiera haber símbolos de naturaleza excluyente”.

Las mencionadas fuentes del Grupo Parlamentario Popular aspiran a lograr el apoyo del PSOE y Ciudadanos, aunque aseguran que están abiertos a “dialogar” por si se pudiera “mejorar” la iniciativa en el trámite parlamentario.