Así se pronunció este martes el sindicato en relación a lo que considera el “primer paso” hacia dicha privatización que, a su entender, dejaría en manos privadas “el desarrollo de actividades y servicios asistenciales de naturaleza informativa, preventiva y de seguimiento a grupos específicos de pacientes y medicamentos, de acuerdo a los protocolos y requisitos de actuación que en cada caso se determinen”.

Unas funciones que, a juicio del sindicato, “ya se realizan, de forma satisfactoria, en los centros de salud por parte de los profesionales sanitarios y que no generan gasto alguno a las arcas públicas, ya que son parte de su trabajo diario”.

Tras aseverar que dicho proyecto de ley “sólo busca el beneficio económico y llenar las arcas de las farmacias”, Satse Madrid denunció que esta normativa “otorga nuevas prerrogativas” a las oficinas de farmacia a cambio de conciertos económicos con la Comunidad de Madrid “a pesar de que la cobertura sanitaria a través de los centros de salud o consultorios locales es muy superior a la que pudieran ofrecer las oficinas de farmacia”.

Una circunstancia que consideraron un “sinsentido”, por lo que anunciaron que Satse Madrid se reunirá “próximamente” con representantes políticos de la Asamblea “para hacerles ver” la necesidad de modificar el articulado del proyecto de ley con el fin de “evitar” que la oficina farmacia se convierta en una “mala copia” del centro de salud y se cobre por servicios que ahora se realizan de forma gratuita.

Asimismo, la organización sindical dijo esperar que la Asamblea de Madrid “no sancione legalmente la posibilidad de incurrir en intrusismo profesional”. “Especialmente si tenemos en cuenta que los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia no cuentan con los conocimientos sanitarios necesarios para sustituir a los médicos o profesionales de enfermería”, concluyó el sindicato.