Además, se defendió de las críticas de diputados de la oposición por no haber utilizado la figura del decreto ley, popularmente conocida como “decretazo”, para derogar el Real Decreto Ley 14/2012 que impulsó Mariano Rajoy para la racionalización del gasto educativo durante la crisis económica.

Así respondió a parlamentarios de Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, cuando reclamaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez mayor celeridad legislativa para mejorar el sistema educativo. Algún diputado pidó actuar como se ha hecho en cuestiones como el proceso de exhumación del dictador Francisco Franco y la reforma de RTVE.

Celaá replicó a los parlamentarios que “por real decreto ley se procedió en 2012”, con la excusa de la “crisis”, y subrayó que “en menos de 100 días” el Gobierno ya ha emprendido algunas medidas que repercutirán en la Educación, como las relativas a las condiciones de trabajo del profesorado.

Celaá emplazó a futuras comparecencias suyas para abordar otros temas y se ciñó al orden del día previsto: la modificación del Real Decreto Ley 14/2012 y el artículo 109 de la Lomce, sobre la educación concertada. Ese real decreto ley, que vio la luz en plena crisis económica, permite aumentar en un 20% el ratio de alumnos por aula, incrementar la jornada lectiva de los docentes hasta las 25 horas en Educación Infantil y 20 horas en el resto de enseñanzas, y ampliar a diez días el plazo para nombrar funcionarios interinos que sustituyan a profesores, excepto en algunas situaciones.

En este sentido, Celaá anunció este martes que la modificación que ha iniciado el Gobierno de Pedro Sánchez, consiste en que “cada Administración educativa” regulará las horas máximas de la jornada del profesorado, “aunque la Constitución avala la competencia del Estado para regular la jornada docente”. Sin embargo, puntualizó, que “esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, sólo a su jornada lectiva”.

Sobre el número de alumnos por clase, apuntó que "nadie sostiene que ratios elevados ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo, por eso el Gobierno revertirá la elevación de alumnos por aula". Tambien indicó que los profesores sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de la baja, sin que el centro tenga que esperar 10 días.

CRÍTICAS

Durante su intervención en la comisión la diputada de Ciudadanos Marta Martín lamentó que en el Ejecutivo “no se hayan planteado la política del ‘decretazo’ para cuestiones urgentes como la educativa y los alumnos tengan que esperar un curso cuando el Gobierno sí lo ha utilizado para exhumar a Franco o reformar RTVE”.

En su opinión, el anteproyecto en el que está trabajando el Gobierno “va a lo más fácil, volver a la LOE (ley educativa que impulsó el PSOE) y lo que necesita este país es urgentemente desarrollar el Estatuto Docente”.

Martín también preguntó a Celaá si el Gobierno va a llegar al 5% del PIB para el presupuesto educativo, condición que los socialistas reclamaron para continuar trabajando en la subcomisión parlamentario para un pacto educativo que terminaron abandonando la pasada primavera. Según Martín, ese porcentaje no se ha respetado en Andalucía, comunidad autónoma en la que gobierna el PSOE.

Uno de los representantes de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Joan Mena, acentuó la “urgencia” que en su opinión tiene la derogación del decreto. “Es muy alta”, apostilló. “Lo deberíamos tener derogado para ayer”, porque desde su grupo se ve con preocupación que los “hijos e hijas de las clases populares” hayan sido “los más afectados” por los recortes del PP.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute reclamó una mayor “osadía” del Ejecutivo para modificar la legislación educativa, pues en su opinión “el problema sigue siendo la Lomce”.

Por su parte, el representante de ERC ,Joan Olòriz, reclamó a Celaá “responsabilidad” para ejercer la política. “La comunidad educativa está en busca del tiempo perdido”, dijo, en referencia a los dos años que se ha estado debatiendo en el Congreso sobre el pacto educativo. Por ello, reclamó “decisiones claras” para evitar “turbulencias” en quienes han tenido “paciencia” en la busca de un consenso educativo que el parlamentario catalán atisba difícil en la actualidad.

De todas esas críticas que urgían la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 también se defendió la diputada socialista Luz Martínez-Seijo, que felicitó al Gobierno por la “celeridad” en los trámites para derogar el Real Decreto Ley, subrayando “la necesidad y urgencia de que estas medidas se puedan implementar lo antes posible”.

“Hay que entender que el Gobierno ha empezado su legislatura hace un corto espacio de tiempo”, justificó, a la vez que apuntó que “la gran noticia es que se va a implementar para el curso 2019-2020”, pues el citado decreto impulsado por los ‘populares’ fue “un hachazo para la educación española”.

CONCERTADA

El debate se encendió especialmente en torno al otro punto del debate: la modificación de la Lomce en el artículo 109, relativo a la educación concertada. "¿Dónde se da mayor concentración de población desfavorecida?”, cuestionó Celaá a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Moneo.

La ministra dio a entender que los indicadores muestran esa desigualdad entre la red pública y a privada en la escolarización de estudiantes inmigrantes o con discapacidad, por ejemplo. Pero, zanjó: “No vamos a cerrar la concertada. Es ‘Fake news’”.

No obstante apuntó que el Gobierno “tampoco” quiere “medidas proteccionistas para la educación pública”, y urgió a los populares a tener “lealtad recíproca” para alcanzar un consenso.

En esa línea, Celaá mostró “toda” su disposición “a trabajar genuinamente por la educación, con todos, discutiendo, pero llegando a acuerdos”.

"La educación pública ha de ser el eje vertebrador del sistema educativo porque, si constitucionalmente la persona tiene derecho a ser educada, el poder público debe garantizar este derecho ¿Qué amenaza supone esto para la escuela concertada? Ninguna", dijo Isabel Celaá.

Moneo avanzó que su grupo no apoyará la modificación de la Lomce en lo relativo a la concertada porque el PP apuesta por la “libertad”. Desde su punto de vista, el planteamiento del Gobierno “está cuestionando la libertad de elección de las familias”.

“Defendemos la primacía de ambas redes en el sistema”, porque son “complementarias”, indicó, por lo que pidió a Celaá que se mueva “dentro del marco constitucional” en las reformas que plantea.

Precisamente, de cambiar la redacción del artículo 109 de la Lomce, la ministra avanzó que su intención es impulsar otras modificaciones en esa ley para que ya puedan aplicarse el próximo curso. El Gobierno justifica todas estas reformas porque se ha producido “un cambio de coyuntura económica y de circunstancias”.

Durante la comparecencia, la ministra también anunció que reactivará el Observatorio estatal para becas y ayudas al estudio.