Esta cuestión de la base de datos fue dada a conocer por las asociaciones AUGC, AEGC UnionGC, ASES-GC y la Asociación Profesional de Cabos, que informaron de las negociones que están llevando a cabo con los responsables de la Benemérita para intentar revisar la norma en vigor sobre tatuajes y aspecto de los guardias civiles.

Estas entidades sostienen que los responsables de la Benemérita les han entregado una propuesta de “texto normativo” para regular la apariencia de los agentes, en la que se plantea que “el personal con tatuajes registre los mismos en una base de datos, por medio de un documento diseñado para tal efecto, con las características, lugar del cuerpo donde se encuentra, incluso con la posibilidad de adjuntar fotografías del propio tatuaje o tatuajes”.

Las asociaciones afirman que el documento que incluye esta idea de la base de datos de tatuajes se debatió en una reunión que se celebró este lunes en Madrid en la sede de la Dirección General del Instituto Armado. Allí se reunió un “nuevo grupo de trabajo” que se ha creado en el Consejo de la Guardia Civil para analizar el asunto de la apariencia de los agentes.

NO DESCARTAN LA VÍA JUDICIAL

Los colectivos de la Benemérita sostienen que sus mandos les han entregado una propuesta de texto normativo "donde las prohibiciones son las protagonistas”, en referencia a que se siguen manteniendo restricciones sobre el aspecto de los guardias civiles.

Según estos representantes de los agentes, en el texto que les han entregado “se prohíbe fumar a los guardias civiles durante la práctica totalidad del servicio” y “se mantiene un único modelo de peinado para hombres y mujeres”, al tiempo que se impide a los funcionarios “llevar más de un anillo o una pulsera”. Para las asociaciones, estas restricciones son “cuestiones que van en contra del espíritu de adaptar la Guardia Civil al siglo XXI”.

Para las asociaciones, “el inmovilismo y la falta de voluntariedad manifiesta de la Dirección General de la Guardia Civil de abordar la norma por medio del consenso y el diálogo, es motivo más que suficiente para rechazarla de nuevo e instar a la vía judicial, si finalmente no se opta por el diálogo, para evitar que se regulen aspectos que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que formamos parte de la Guardia Civil”.