Los autores del estudio y miembros de la mencionada Comisión, Ana Muñoz Merino y Javier Suárez Pandiello, explican en las conclusiones de su trabajo que “han sido ya muchas las comisiones y grupos de trabajo que se han creado para emitir informes y efectuar recomendaciones de reformas más o menos ambiciosas”. No obstante, señalan que la implementación política de estas reformas gozó de “poco éxito”.

En esta ocasión, las propuestas de reforma recogidas en el estudio podrían clasificarse en cuatro grandes grupos o líneas de trabajo de acuerdo con las consideraciones que las motivan.

Así, el primer grupo se centra en la “clarificación de la división de tareas, competencias y recursos entre los distintos niveles de la administración pública”, con especial atención a las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Dentro de este bloque destacan las propuestas de redefinir las funciones de las Diputaciones y de ampliar las competencias de las entidades locales en servicios de proximidad al ciudadano.

El segundo bloque de propuestas busca “mejorar la equidad del sistema de financiación local”. Con este objetivo, la Comisión plantea una “revisión en profundidad” del componente de transferencias del sistema de financiación local, que pasaría a tener un objetivo explícito de nivelación, ausente en el modelo actual.

Una tercera línea se centraría en la mejora de la autonomía tributaria y la responsabilidad fiscal de las corporaciones locales. Los instrumentos más destacados para lograrlo serían la ampliación de las bandas u horquillas entre las cuales pueden elegir los tipos de los tributos locales y la posibilidad de establecer con carácter potestativo un recargo municipal sobre el IRPF, así como un nuevo impuesto sobre las estancias turísticas.

Por último, las propuestas del cuatro grupo tienen como denominador común la “preocupación por racionalizar y mejorar técnicamente el marco tributario y de disciplina fiscal de las administraciones locales”.

Entre otras medidas entrarían aquí la propuesta de establecer un régimen nacional simplificado de tributación para la tasas por utilización del dominio público y una revisión de la regla de gasto “que suavice algunos de sus efectos adversos sin comprometer su efectividad”.