En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Sánchez defendió la coherencia de su política migratoria y cuestionó que la reciente expulsión de los inmigrantes que asaltaron la valla de Ceuta haya vulnerado la legalidad internacional en materia de asilo y refugio y los Derechos Humanos, como denuncian varias ONG.

Defendió que con la acogida de los inmigrantes a bordo del 'Aquarius' se lanzó un "llamamiento" a la Unión Europea sobre un asunto que afecta a todos los Estados miembros, y que ya con los que llegaron despues a bordo de ese mismo barco se consiguió un reparto "de facto" entre varios países.

El objetivo del Gobierno es "institucionalizar y sistematizar" ese reparto, explicó, si no entre todos los países de la Unión Europea al menos entre once o doce.

Sobre las devoluciones a Marruecos, subrayó que es un país "seguro" con el que España y la Unión Europea están colaborando y que es "fundamental" en el control de los flujos migratorios.

España necesita inmigración, sentenció, pero legal y ordenada, y "no podemos aceptar actos violentos" como el asalto a la valla fronteriza y los "ataques" a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.