La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), calificada como la ‘Constitución de los océanos’, fue aprobada en 1982, pero no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción de nacional de los países, de manera que casi dos tercios de las aguas oceánicas están desprotegidas.

Por tanto, el tratado que comienza a negociarse este martes se considera como la mayor oportunidad para cambiar el rumbo del deterioro y la pérdida de diversidad en los océanos, en un año en que se ha colocado en la agenda internacional la problemática de la proliferación de plásticos que acaban en los mares.

El océano es la mayor biosfera de la Tierra y un componente fundamental del sistema climático, en tanto que el alta mar presta servicios ecosistémicos esenciales para las zonas costeras y para el planeta en general, según aseguró la Alianza de Alta Mar, formada por más de 40 ONG ecologistas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Tras un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG), de dos semanas de duración, es la primera de una serie de cuatro sesiones de negociación que se desarrollarán hasta 2020 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, conocidas comúnmente como el alta mar.

El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales (es decir, el alta mar) y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios, como la generación de oxígeno y la regulación del clima.

“OPORTUNIDAD HISTÓRICA”

Peggy Kalas, coordinadora de la Alianza de Alta Mar, indicó que “el alta mar cubre la mitad de nuestro planeta y es vital para el funcionamiento del océano entero y de toda la vida en la Tierra”. ”El sistema actual de gobernanza de la alta mar es débil, fragmentario e inadecuado para abordar las amenazas a las que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI, derivadas del cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, la contaminación por plásticos y la pérdida de hábitats. Ésta es una oportunidad histórica para proteger la biodiversidad y las funciones del alta mar mediante compromisos jurídicamente vinculantes”, añadió.

El papel clave del océano en la mitigación del cambio climático, que incluye la absorción de un 90% del calor adicional y de un 26% del exceso de dióxido de carbono creados por fuentes humanas, ha tenido un efecto devastador sobre los ecosistemas marinos.

Gestionar los múltiples factores de estrés añadidos que se ejercen sobre él permitirá aumentar su resiliencia ante el cambio climático y la acidificación, y protegerá ecosistemas marinos únicos en su especie, muchos de los cuales quedan aún por explorar y descubrir. Dado de que se trata de aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias sólo pueden introducirse a través de un tratado global.

Alex Rogers, profesor de la Universidad de Oxford (Reino Unido), que ha proporcionado evidencia para fundamentar el proceso de la ONU con vistas a un tratado, afirmó que “la mitad de nuestro planeta consistente en alta mar está protegiendo la vida terrestre frente a los peores impactos del cambio climático”.

“A pesar de ello, estamos haciendo muy poco para salvaguardarla o para proteger la vida dentro del océano, intrínseca a nuestra supervivencia colectiva. Proteger la biodiversidad de la alta mar, implantando la buena gobernanza y la ley en el océano entero, es sin duda lo más importante que podemos hacer para cambiar el rumbo del corazón azul de nuestro planeta”, apuntó.

A través de la ONU, los Estados debatirán cómo proteger y conservar el alta mar mediante el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP), que gozan de un amplio reconocimiento como elemento esencial para construir la resiliencia del océano, pero sin tratado no hay un mecanismo que posibilite su creación en el alta mar.

También se analizarán las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), puesto que no existe un marco jurídico para su realización con vistas a prevenir un potencial daño ambiental, aunque ciertas actividades se encuentran parcialmente reguladas en algunas áreas de el alta mar.

Otro aspecto a debatir es el reparto de beneficios y transferencia tecnológica, ya que a muchos países les preocupa no poderse beneficiar de la investigación sobre las especies de alta mar y perder así el acceso a nuevos recursos genéticos marinos de enorme alcance potencial, como el descubrimiento de recursos genéticos marinos que podrían ofrecer nuevos usos farmacéuticos y nutracéuticos, entre otros. Las negociaciones también se centrarán en mejorar los mecanismos de creación de capacidad y transferencia tecnológica en países en desarrollo dentro del ámbito del alta mar.