“El problema es la estructura económica que genera que haya estos niños pobres y esta desigualdad, por tanto, las políticas que están en el origen de esta situación son de diversa índole; la primera, laboral”, defendió la titular de este Alto Comisionado durante su comparecencia en la comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados.

A su juicio, “la caída del valor del trabajo tuvo mucho que ver” en la elevada tasa de pobreza infantil que tiene España –del 31,3%-, y se mostró partidaria de no centrar las políticas contra la pobreza infantil en meras ayudas.

“No podemos centrarnos exclusivamente en atender a los niños que están en esta situación y quedarnos tan tranquilos, porque se siguen reproduciendo”, manifestó. No obstante, destacó la necesidad de aumentar la prestación por hijo a cargo.

“El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil no se limita a mira, aquí hay cuatro niños pobres, vamos a darles algo”, mantuvo Carcedo.

En este sentido, la alta comisionada advirtió sobre la “generación de empleo parcial”, un “problema muy serio sobre todo para familias jóvenes y que está en el origen de por qué tienen más riesgo de pobreza”, al obtener menores ingresos y al “menor valor del trabajo”.

Desde Podemos, la diputada Marimar García Puig reprochó al anterior Gobierno del PP que “la inversión en infancia no ha estado a la altura de la situación”, al tiempo que alertó de que “no sólo hay muchos niños pobres, sino que cada vez son más pobres”.

La popular Silvia Heredia defendió que “el problema de la pobreza infantil ya viene de gobiernos anteriores, como el suyo –en referencia a la socialista María Luisa Carcedo- y no se hizo nada por parte del Ejecutivo”. Asimismo, defendió la gestión del PP sobre la pobreza infantil y puso de relieve que la tasa de pobreza infantil ha bajado 1,6 puntos respecto a 2017.

Por su parte, desde Ciudadanos Virginia Millán recordó que 375.000 menores españoles se encuentran en situación de “carencia severa”, al tiempo que reclamó ventajas en el IRPF para rentas inferiores a 18.000 euros.

Por último, Marta Sorlí, de Compromís, apeló a la necesidad de reducir las desigualdades y pidió un compromiso del Gobierno para apoyar medidas en comunidades autónomas donde no haya rentas mínimas de inclusión como, dijo, sí existen en la Comunidad Valenciana.