En la Comisión de Fomento, Ábalos señaló que el Ministerio ya tiene los pliegos del concurso público para la conservación de la AP-1, ya que la concesión de esta autopista vencerá el próximo 30 de noviembre.

El ministro aseguró que el trámite está en marcha para aprobarse en el Consejo de Ministros y que el concurso se publique. “Los costes que se pagarán a la empresa para la conservación integral de la carretera serán de 5,8 millones de euros anuales para el 2019, el 2020 y el 2021”, dijo.

El Ministerio durante el primer año, 2019, aportará 1,4 millones de euros extras a la empresa adjudicataria para adaptar la autopista. “Habrá que, por ejemplo, demoler los peajes”, comentó Ábalos.

“También tenemos pensado hacer un estudio para analizar la infraestructura actual para que se nos entregue la autopista de forma adecuada”, añadió.

El ministro afeó al anterior Gobierno del Partido Popular que “decían que no se iban a prorrogar las concesiones, pero no había nada, ningún pliego ni nada para ver después cómo se iban a conservar”.

Miguel Barrachina, portavoz del PP en la Comisión, respondió a Ábalos denunciando que no comentaran “que han heredado un presupuesto que destina 917 millones de mantenimiento en carreteras y que permite liberar los peajes porque ya lo planteaba el Gobierno anterior”.

Además, el portavoz popular también se quejó de que el ministerio de Fomento no les había citado para hablar del modelo para las autopistas, “cuando el anterior ministro siempre les emplazaba a sentarse para un gran pacto de infraestructuras”.

DESCARTADOS ‘PEAJES EN LA SOMBRA’

La decisión del Ministerio de Fomento implica que la opción de los ‘peajes en la sombra’ queda descartada. Este modelo, minoritario en España, consiste en establecer el pago de un canon anual con dinero público según el tráfico de la vía durante el tiempo que dure la concesión, en lugar de pagar directamente a una empresa por realizar el servicio o que lo paguen los usuarios a través de peajes.

La comparecencia del ministro de Fomento se realizó a petición del grupo parlamentario de Unidos Podemos, quienes, precisamente, mostraban su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno optara por acuerdos público-privados que incluyeran ‘peajes en la sombra’.

El diputado de Podemos Rafael Mayoral, además, denunció que “España es el Estado con más kilómetros de autopista de peaje en Europa y que tenemos un modelo no integrado que crea agravios comparativos entre los territorios”.

Ábalos comentó que ya habían comenzado las reuniones con las instituciones de las comunidades autónomas afectadas por las tres autopistas cuyas concesiones vencen, la AP-1, la AP-4 y la AP-7, que suponen un 5% de las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado.

“Queremos conocer las peticiones y necesidades de cada territorio para mejorar la planificación y el desarrollo de las actuaciones”, expuso.

Joan Margall, portavoz de ERC en la Comisión, coincidió en ese punto con el ministro y denunció que “es urgente avanzar a un modelo homogéneo, armónico y sostenible de autopistas de peaje”.

El PNV fue más allá y su portavoz, Íñigo Barandiaran, solicitó “que se transfieran inmediatamente a la comunidad autónoma del País Vasco los tramos de las autopistas en este territorio”.

Ábalos también destacó que “hay que tener en cuenta la igualdad territorial”. “No puede haber desigualdades y, además, tenemos que ver cómo nos encargamos de los costes tan altos. Cada vez tenemos más red viaria, pero la partida en conservación ha descendido y no sé si estamos invirtiendo lo que debemos porque la seguridad es fundamental”, añadió.

Por otra parte, el ministro de Fomento mostró su preocupación por la inversión en seguridad. Ábalos comentó que el gasto en este tipo de partidas ha descendido cuando “la seguridad es fundamental”.

“El transporte implica muchos riesgos y para este gobierno la seguridad es un objetivo fundamental. Para mantener la seguridad de nuestras infraestructuras el mantenimiento de la red viaria es fundamental”, subrayó.