En ese caso, el consejero, que participó en la asamblea anual de la asociación de sociedades laborales de Castilla y León, garantizó el apoyo de las administraciones y la colaboración de los trabajadores.

En esa línea, Fernández Carriedo exigió a la empresa una reunión “al máximo nivel, cuanto antes y con personas capaces de tomar las decisiones”. También pidió que no se den pasos en relación al ERE de extinción anunciado por la compañía y recalcó que la empresa podría seguir disfrutando del apoyo de las administraciones públicas. “Seguirían teniendo ayuda para seguir realizando inversiones, pero hace falta un plan industrial que podamos apoyar”, remarcó.

En el mismo sentido, hizo un llamamiento a la empresa para que reconsidere su decisión y consideró que “no se puede romper con una decisión unilateral tomada a miles de kilómetros de distancia”. Al respecto, valoró la “coordinación desde el minuto cero” entre Gobierno y Junta para encontrar una solución al conflicto. “Nos van a tener en frente, más allá de colores políticos, exigiendo una solución”, aseguró.

Por último, Fernández Carriedo confió en que el Parlamento Europeo “tome nota de la actuación de estas empresas”. “Europa tiene mucho que decir”, afirmó el consejero, que criticó que la empresa sólo piensa en los beneficios a muy corto plazo y no tiene interés en las personas ni en el territorio”. “No entendemos la economía sin el corazón”, remarcó el responsable de Empleo de la Junta, que calificó el cierre definitivo de la planta de “decisión injusta y contraria a los principios europeos”.