En su comparecencia extraordinaria en la Comisión del ramo del Congreso, Grande-Marlaska afirmó que estas devoluciones son además “un mensaje a las mafias, para decirles que así no se puede actuar”, y un “compromiso de no beneficiar a los violentos”. “La inmensa mayoría de quienes entran en (Ceuta y Melilla) lo hacen de forma pacífica, y los que atacan la valla son una minoría”, recalcó.

Asimismo, subrayó que “no se ha hecho ningún pago a Marruecos” para acoger a estas 116 personas, sino que se trata de la aplicación de un acuerdo bilateral de 1992 sobre la devolución de migrantes cuando se constata lsu entrada de forma ilegal. “Marruecos es un país muy serio”, y señaló que una sentencia del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo calificó “como país seguro”.

“Nuestro objetivo conjunto fue enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas: la migración ordenada y legal es posible y deseable, pero no vamos a permitir la migración violenta que atente contra nuestro país o contra nuestras fuerzas de seguridad”.

En este sentido, el ministro destacó la “enorme violencia” con que se produjo el salto a la valla, en el que se utilizaron “cizallas, piedras, mazas, productos químicos y excrementos”.

También criticó Grande-Marlaska la “violencia exhibida” en el asalto a la frontera del pasado 26 de julio a través de la finca del Berrocal en Ceuta por más de 600 personas, donde se emplearon “piedras, palos, cal viva, botellas con excrementos y orines, lanzallamas” y se exhibieron cópteles molotov, actuando “en grupo, de forma organizada y con reparto de tareas y líderes que increpaban a las fuerzas de Seguridad”.

Para el ministro, “es importantísimo distinguir entre supervivencia y Derechos Humanos y entradas violentas”. “Es nuestro deber y obligación atender cada caso de forma diferenciada y actuar con coherencia”.

DEVOLUCIONES CON GARANTÍAS

Además, el ministro aseguró que estas devoluciones se hicieron según el proceso debido, pues “se incoaron expedientes individuales, uno por cada migrante” y conforme a las “garantías legales”.

Tras la llegada al CETI de los más de 100 migrantes que consiguieron entrar, “el proceso empezó a las 18.00 del martes 22 y concluyó a las 15.00 del miércoles 23, con la participación de tres intérpetres y 12 abogados del colegio de Ceuta.

En respuesta a la diputada de Unidos-Podemos Ione Nelarra, el ministro destacó que “en todo momento se garantizaron los derechos humanos de los migrantes”, pues “no me cabe ninguna duda sobre la profesionalidad de los intérpretes y abogados, que con toda probabilidad están muy familiarizados con estos procesos”.

“Tocaron a 10 migrantes por abogado”, y señaló que una vez concluidos los expedientes de expulsión, se entregó una copia de dicho documento a cada afectado y a su respectivo letrado.

En su intervención, Belarra preguntó sobre posibles dificultades para identificar a menores o a víctimas de trata “en tran breve espacio de tiempo”.

Según el ministro, “el perfil de quienes saltan la valla y atacan de forma violenta es el de un hombre”, cuando el 90% de las víctimas de trata con fines sexuales (la mayoría) son mujeres. Del mismo modo, aclaró que dos personas declararon ser menores de edad, “por lo que siguen en el CETI y no fueron expulsados”, y que un tercero mayor de edad necesitó atención médica, por lo que tampoco fue devuelto a Marruecos.

Finalmente, subrayó que ninguno de los 116 migrantes expulsados había solicitado protección internacional. Según el ministro, “en el paso del Tarajal existe una oficina para solicitar asilo y refugio”, por lo que hay una vía perfectamente legal para pedir asilo en la frontera entre Marruecos y España”, que ninguno utilizó.