El magistrado también pide al Ministerio Público que le informe sobre si este crimen ha prescrito, ya que el último acto judicial que tuvo lugar contra Cubillas en esta causa se produjo en abril 1992, cuando la Sección Segunda de la Sala de lo Penal decretó el archivo provisional del procedimiento. La Fiscalía consideró entonces que no existían “elementos suficientes” para solicitar la extradición de Cubillas.

Anteriormente se habían cursado varias órdenes internacionales de detención contra el etarra afincado en Venezuela, pero estas quedaron sin efecto ante el archivo provisional. El antiguo Código Penal fijaba en 20 años la prescripción de los asesinatos terroristas, un plazo que en la actualidad se ha elevado a 40 años.

Cubillas está procesado desde 1986 en esta causa acusado de facilitar a su compañera del “comando Oker” Idoia López Riaño, alias “La Tigresa”, la información que permitió el asesinato de Facal, a quien la banda terrorista considerada traficante de drogas. El asesinato tuvo lugar en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) el 26 de febrero de 1985.

Además de “La Trigresa” y de Cubillas, la Audiencia Nacional también procesó por esta causa a los etarras José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain, quienes fueron condenados en 1986 a 31 años de cárcel cada uno. Por su parte, Idoia López fue condenada en 2001 a 27 años de prisión como autora material del asesinato.

El funcionario venezolano está acusado en este procedimiento de los delitos de asesinato y robo de vehículo a motor. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya anunció hace dos semanas que iba a revisar la documentación relativa a esta causa para determinar si ha habido alguna actuación judicial que haya podido interrumpir la prescripción de este asesinato.

ENTRENAMIENTO DE ETARRAS

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya solicitó el pasado 20 de octubre al Gobierno que reclame a Venezuela la extradición de Cubillas, en este caso por dar supuestamente cobertura a los miembros de la banda terrorista que se desplazan al país sudamericano para recibir adiestramiento militar.

En esta causa se la acusa de delitos de tenencia de explosivos, colaboración con banda armada (por las FARC) y conspiración para cometer homicidios terroristas.

El magistrado propuso de forma complementaria que se demande primero al Ejecutivo de Hugo Chávez que retire la nacionalidad venezolana al terrorista, uno de los principales obstáculos para conseguir su extradición.

Velasco aseguró en el auto dictado el 20 de octubre que Cubillas obtuvo la nacionalidad venezolana de forma “fraudulenta”, únicamente para evitar ser extraditado a España, ya que sobre el etarra pesaban ya varias órdenes de busca y captura dictadas por la Audiencia Nacional por los delitos que cometió –incluidos el asesinato de Facal- durante su etapa como miembro del “comando Oker” de ETA.

Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional. Las declaraciones de Atristain y Besance han sido incorporadas a la causa que instruye Velasco.

Cubillas es el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que dirige el denominado “proceso de socialización de tierras ociosas”, la política de nacionalización de terrenos desarrollada por el Gobierno de Chávez.

ASESINATO DE UN POLICÍA

Cubillas también está acusado de haber participado, entre otras acciones del “comando Oker”, en el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún, y en el del policía nacional Máximo García Kleinte, perpetrado en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.

Las fuentes fiscales consultadas aseguraron que estas dos causas ya han sido declaradas prescritas, por lo que España no podría reclamar la extradición de Cubillas en base a estos presuntos delitos.