La organización, que reclama la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir la práctica de las “devoluciones en caliente” introducida en 2015, subrayó que el acuerdo con Marruecos aplicado este jueves “presenta carencias en este sentido”.

En este punto, manifestó sus “dudas de que todos los menores hayan podido ser identificados con todas las garantías en este plazo de tiempo y con un número tan elevado de personas implicadas”.

De otro lado, manifestó que la legislación internacional “prevé que no se puede devolver un migrante sin valorar sus necesidades específicas y caso por caso para poder detectar vulnerabilidades”, entre las que citó la minoría de edad, la necesidad de protección internacional o la condición de víctima de trata.

Tras recordar que, a principios de año, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas “le dijo a España que las devoluciones en frontera son una vulneración de los derechos humanos y de la infancia, que impiden la identificación de niños en necesidad de protección”, la ONG defendió que esos menores “deberían poder acceder al territorio para beneficiarse de las medidas de protección que se le reconocen en la legislación”.

Por último, Save the Children consideró “imprescindible” asegurar que dicha identificación se pueda llevar a cabo “con todas las garantías” y aseveró que lo sucedido este jueves "no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia".