Justicia informó, a través de un comunicado, de que “estudia contratar un bufete privado que defienda la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por ‘el procès’ sin asumir en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen”.

El departamento que dirige Dolores Delgado explicó que la demanda presentada en Bruselas por Puigdemont y sus exconsejeros “incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena, ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra”.

No obstante, Justicia indicó que “en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio ‘acta iure imperii’, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país”.

“BUFETE PRIVADO”

El Ministerio explicó que esto supone que “el Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles”.

Este paso se dará “si en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el expresidente y cuatro exconsellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos”.

Respecto a cómo se haría la defensa de esta labor judicial de Llarena, Justicia indicó que la ley española “no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros”. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el departamento que dirige Dolores Delgado “contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional”.

Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.